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Fecha:
Martes, 19 de febrero de 2019
PENAL | Conflicto de competencia
La Corte Suprema, por unanimidad, desestimó un recurso de queja presentado por la defensa de Julio De Vido
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó, por unanimidad, un recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado, presentado por la defensa de Julio De Vido, en el marco de los procesos en los que se investiga la presunta asignación de obras públicas al Grupo Austral.
En ese contexto, se había planteado un conflicto negativo de competencia entre los tribunales orales en lo criminal federal 2 y 4 de la Capital Federal.
El primero tiene asignada la causa CFP 5048/2016, en la que se le imputa al titular del grupo empresario investigado (Lázaro Báez) una serie de delitos. Ante el segundo tramita la causa CFP 3017/2013, cuyo objeto es el delito de lavado de activos agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de ese tipo de hechos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 declinó su jurisdicción por considerar que la imputación que pesa sobre Báez en la causa CFP 3017/2013 resultaría más grave.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, en tanto, aceptó la existencia de un supuesto de conexidad subjetiva derivado de la situación de Báez, no obstante consideró que no debía llevarse adelante un único debate para no ocasionar un retardo en la tramitación de los procesos.
El conflicto fue elevado a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.
Contra esa decisión, la defensa de De Vido presentó un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la queja.
La Corte Suprema, con el voto de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, desestimó la queja por considerar que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (conforme artículo 14 de la ley 48).
En pocas palabras
En pocas palabras
Julio De Vido cuestionó una decisión que estableció qué tribunal debía intervenir en una investigación por la presunta asignación de obras públicas al Grupo Austral.
La Corte Suprema desestimó el reclamo porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, condición prevista en la normativa vigente para acceder al Máximo Tribunal.
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