El 21 de abril de 1998 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la resolución 18/98, a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, declarando el derecho de los familiares de las víctimas de abusos del Estado ocurridos en el último gobierno de facto (1976-1983) de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en su caso, el destino final de sus restos.

Para ello se designó a los doctores Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin y Alberto Ramón Durán –hoy fallecido-, como delegados del pleno, encarando el Tribunal la investigación del “derecho a la verdad”, conforme las directivas emanadas en la materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia sentada en el caso “Velázquez Rodríguez”.

En el marco de dichas investigaciones se han recibido más de 1800 declaraciones en audiencias orales y públicas en las más de 2600 causas que tramitan en la Secretaría del Tribunal creada para esas finalidades. Entre otras medidas, se secuestraron los archivos de la Ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el único Libro de la Morgue existente, los legajos del Servicio Penitenciario Bonaerense, Actas de nacimientos y defunción, Microfilms de Prontuario Cadáveres, Libros y licencias de inhumación del Cementerio de la Plata.  También se realizaron inspecciones oculares a los Centros Clandestinos de Detención de Arana – Cuatrerismo, La Armonía- inmediaciones del Vivero Ferrari, Comisaría 5ta. y 8va. de La Plata, El Banco, El Vesubio, Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell y Radio Universidad.-

De la recopilación y entrecruzamiento de todos los elementos y con el objeto de lograr la identificación de los restos de aquellos que fueran secuestrados, se dictaron medidas de no innovar y posteriores exhumaciones de sepulturas N.N. en los Cementerios de La Plata, Verónica, Magdalena, Avellaneda y Ezpeleta, que permitieron la conservación de los mismos hasta su identificación y posterior restitución.

Asimismo, toda la prueba colectada posibilitó formular hipótesis de identidad que luego fueron corroboradas mediante estudios periciales y genéticos efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense con la colaboración del laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico molecular LIDMO de Córdoba.

Posteriormente surgió la posibilidad de realizar comparaciones genéticas masivas entre muestras óseas y sanguíneas, contando el Equipo Argentino de Antropología Forense, a través del “Proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas”, con la colaboración del laboratorio “The Bode Technology Group Inc.” de Estados Unidos de América, al que fueron remitidas gran cantidad de muestras.

Hasta la fecha, de las tareas emprendidas por el Tribunal en el marco de la “búsqueda de la verdad”, se han efectuado 55 identificaciones de personas desaparecidas, entregándose a sus familiares los restos de 41 de ellos. De los casi 1100 casos de desaparecidos que tramitan en la Secretaría del Tribunal, se encuentran identificadas otras 112 personas que fueron secuestradas y/o permanecieron en centros clandestinos de detención de la jurisdicción de esta Cámara y cuya identificación ha sido efectuada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital.

Además de su objeto específico, el “Juicio por la Verdad” representa una relevante fuente de pruebas para los procesos penales por terrorismo de Estado que se sustanciaron y se sustancian en esta y en otras jurisdicciones.

El 21 de abril de 1998 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la resolución 18/98, a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, declarando el derecho de los familiares de las víctimas de abusos del Estado ocurridos en el último gobierno de facto (1976-1983) de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y en su caso, el destino final de sus restos.

Para ello se designó a los doctores Julio Víctor Reboredo, Leopoldo Héctor Schiffrin y Alberto Ramón Durán –hoy fallecido-, como delegados del pleno, encarando el Tribunal la investigación del “derecho a la verdad”, conforme las directivas emanadas en la materia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia sentada en el caso “Velázquez Rodríguez”.

En el marco de dichas investigaciones se han recibido más de 1800 declaraciones en audiencias orales y públicas en las más de 2600 causas que tramitan en la Secretaría del Tribunal creada para esas finalidade...
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