La Corte y el Ministerio Fiscal se encuentran trabajando en la implementación de un “Plan Piloto” en el Fuero Penal, que servirá de prueba previa a la adopción de la propuesta de “Plan de Profundización del Sistema Acusatorio”, actualmente vigente en la provincia.

Para esto la Corte ha firmado un Convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que justamente ya comenzó a las conferencias preparatorias a la ejecución del mencionado “plan piloto” que se deberá desarrollar, a lo largo del próximo año 2013, en las jurisdicciones de Concepción y Monteros.

El plan piloto abarca aspectos normativos de tipo reglamentario, conforme a facultades que el actual Código Procesal Penal otorga a la Corte. Entendemos que durante el desarrollo de esta prueba piloto no será necesario el dictado de leyes, será suficiente la facultad reglamentaria de la Corte. Una vez realizada la prueba piloto, aprobada la misma por la Corte y el Ministro Fiscal, para avanzar en la correspondiente reforma del proceso penal en toda la provincia, será necesario llevar a cabo varias reuniones comprometiendo a Instituciones y Facultades de Derecho de la provincia; en efecto será necesario que las Facultades referidas, se hagan eco de estas reformas proyectadas y trabajen en los claustros para hacer llegar a los estudiantes todas las particularidades de las nuevas normas legales y el procedimiento actualizado; lo mismo ocurrirá con los Colegios de Abogados. De más esta decir que el Poder Ejecutivo nos está acompañando desde un comienzo incluyendo ampliaciones de presupuesto necesarias para llevar a cabo esta prueba piloto; lo mismo ocurre con los Señores Legisladores varios de los cuales incluso han asistido a algunas de las conferencias que dictaron los especialistas del INECIP.

Podemos anticipar algunas de las particularidades de este “plan piloto”; el nuevo modelo propone un despliegue territorial de la “Fiscalía”, instalando oficinas descentralizadas atendidas por funcionarios y con sede en algunas ciudades cabeceras. Hoy hemos firmado sendos convenios con las Municipalidades de Aguilares, Juan B. Alberdi, la Cocha y Graneros. Esta reorganización tiene por objetivos más importantes: garantizar en forma real el acceso a justicia de las víctimas de delitos (denunciar, requerir información sobre el estado de sus trámites, etc.) acortando distancia y disminuyendo costos; interactuar las Fiscalías con los gobiernos municipales en materia de seguridad y controlar supervisando directamente el accionar de la policía en su rol de auxiliar de la justicia; brindar soluciones alternativas a los conflictos penales en casos que no revistan gravedad ni tengan afectación al interés social.

Este nuevo desafío asumido por la Corte y el Ministerio Fiscal, forman parte de la política de estado desarrollada desde hace unos años; otro ejemplo claro de la misma es el envío de los Defensores Oficiales civiles y laborales a las ciudades del Interior a partir del 19 de octubre de 2009 y que ha significado un éxito rotundo en materia de “acceso a Justicia” (apura tramites y disminuye sustancialmente los costos para el justiciable) al punto que hoy está radicado en la Legislatura un proyecto creando la figura del defensor Oficial Itinerante (reemplazará a los actuales en estas visitas y atención en localidades del interior).

Por otra parte, este proceso de “profundización del sistema acusatorio penal” que iniciamos con esta prueba piloto, tiene como último objetivo, contribuir a dar solución al problema de seguridad y a una mayor efectividad de la justicia penal en su respuesta al ciudadano.

Dr. Antonio Estofán - Presidente - Corte Suprema de Justicia de Tucumán