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El 31 de octubre de 2012, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano H. Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, dictó sentencia en la causa Nº 15.314 de su registro, caratulada “Migno Pipaon, Dardo y otros s/ recurso de casación”, en la que se investigan crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura en la provincia de Mendoza, entre los que se encuentran el asesinato de Francisco “Paco” Urondo y la desaparición de su mujer.
La Sala IV de la CFCP, por unanimidad, confirmó las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, y dictó la condena desde la instancia de casación respecto de la totalidad de los imputados, por el delito de asociación ilícita, por el que no habían sido condenados por el Tribunal Oral. Asimismo, condenó a uno de los imputados por el delito de allanamiento ilegal de morada respecto del cual había sido sobreseído por prescripción, afirmando que se trató de un crimen contra la humanidad.
A su vez, con el voto de los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, la Sala IV condenó a quien fuere el Jefe de la División Inteligencia (G2) de la VIII Brigada de Infantería de Mendoza, Paulino Furio Etcheverry, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, responsabilizándolo por la privación ilegal de la libertad agravada y el homicidio doblemente calificado del militante del Partido Comunista Maoista Leninista Jorge del Carmen Fonseca.
Es la primera vez que la Sala IV de la Casación se expide en una sentencia definitiva condenatoria por crímenes contra la humanidad cometidos en la jurisdicción de Mendoza. Sin embargo, en el año 2010 dicho Tribunal había dispuesto el apartamiento de los jueces Julio Demetrio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditi de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia (registro 14081.4), lo que produjo un visible avance en la realización de juicios orales en la Provincia de Mendoza.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal lleva resueltas, en lo que va del año, nueve sentencias definitivas en causas en las que se investigan crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. Se trata de las suiguentes causas:
- "Reinhold” registro 137/12, en la cual se investigaron hechos constitutivos de delitos de crímenes contra la humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”.
- “Molina” registro 162/12, en la que se consideró por primera vez en la historia jurídica argentina que delitos contra la integridad sexual -violaciones- constituyen delitos de lesa humanidad;
- “Rezett”, registro 516/12, en la que se analizó un ejemplo de la cruel metodología utilizada por la última dictadura al perpetrar los trágicos sucesos que sucedían en la época;
- “Arrillaga”, registro 743/12, en la que se condenó por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención con sede en la Base Naval de Mar del Plata;
- “Olivera Róvere”, registro 939/12, en la que se juzgaron las responsabilidades de las máximas autoridades del que fuera Primer Cuerpo de Ejército, y se condenó a los Jefes de Área de la Subzona Capital Federal –que habían sido absueltos por el Tribunal Oral-;
- “Soza”, registro 1191/12, en la que la casación revocó el sobreseimiento y la falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca respecto de Jorge Alberto Soza, quien a la época de los hechos se habría desempeñado como Segundo Jefe de la Policía Federal de Neuquén;
- “Liendo Roca”, registro 1242/12, en la que el tribunal casatorio, con cita de la jurisprudencia nacional e internacional vigente –que incluyó el célebre antecedente del “Caso de los jueces” que tuvo lugar en el marco de los juicios de Nüremberg– y de la doctrina más autorizada sobre la materia, estableció que constituyen delitos contra la humanidad y, en consecuencia, son imprescriptibles los cometidos por un juez y un fiscal durante la última dictadura en tanto toleraron la comisión de crímenes de lesa humanidad;
- “Greppi”, registro 1404/12, en la que se confirmaron las condenas de Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera, Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Alberto Reinhart, Néstor Bonifacio Cenizo, Athos Reta, Oscar Yorio y Hugo Roberto Marenchino por crímenes contra la humanidad cometidos en la Provincia de La Pampa, en la Subzona 1.4, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, durante la última dictadura;
- “Cejas”, registro 1946/12, en la que se analizaron numerosos hechos de crímenes contra la humanidad ocurridos durante la última dictadura en centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Córdoba, resultando condenados –entre otros- Rodolfo Campos y Luciano Benjamín Menendez.