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    Rechazan liberar a detenido por violaciones a los DDHH

    La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal desestimó el pedido de excarcelación de Ramón Erlán, ex oficial del Servicio Penitenciario Federal y con prisión preventiva desde 2006, acusado de delitos de lesa humanidad. Fallo completo

    La Sala IV  de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el pedido de excarcelación de Ramón Erlan, ex oficial del Servicio Penitenciario Federal durante el último gobierno militar y detenido desde marzo de 2006 acusado de violaciones a los derechos humanos.

    El tribunal negó el pedido de libertad a Erlán luego de que su defensa interpusiera un recurso tras la resolución, en diciembre de 2008, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de no hacer lugar a la excarcelación solicitada en ese momento.

    Erlán fue oficial penitenciario en el centro clandestino de detención el “Vesubio”, que funcionó en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, y se le imputan la privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida como funcionario público, mediante violencia y amenazas, y con la aplicación de tormentos  en 140 oportunidades.

    Entre los fundamentos del rechazo al pedido de excarcelación, el Tribunal afirmó encontrar  “razones fundadas para presumir que, en caso de recuperar su libertad, Ramón Antonio Erlan podría sustraerse de la acción de la justicia. Ello es así, ni bien se atiende a las características fáctico-jurídicas de las graves imputaciones que pesan en su contra y la necesidad de asegurar la realización del debate para el esclarecimiento de la verdad”

    En relación al tiempo de caducidad previsto de la prisión preventiva (se establecen 3 años), la Sala IV afirmó que “la liberación automática por el mero transcurso del tiempo que regula la ley 24.390 (modificada por la ley 25.430), no sólo pone en riesgo - frente al concreto peligro de fuga que se verifica en la especie- los fines propios del proceso -descubrimiento de la verdad y realización de la ley penal- sino, al mismo tiempo, el cumplimiento de la obligación que pesa sobre el Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

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