El 7 de febrero pasado, representantes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la ministra Carmen Argibay, participaron de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, con el objeto de exponer sobre el plan para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial argentino.

De este modo, dieron a conocer los detalles de la experiencia argentina, que viene implementándose hace más de dos años. Sus talleres y programas fueron realizados hasta el momento por 22.000 integrantes de la Justicia nacional, federal y provincial.

La iniciativa no tiene paragón respecto de otros programas llevados adelante en Latinoamérica, ya que está dirigida a todas las personas que integran el Poder Judicial, cuenta con un sistema de seguimiento público informatizado del trabajo que se realiza en cada una de las jurisdicciones del país, y es una herramienta que logra, a partir de la reflexión sobre la práctica judicial, modificar estereotipos arraigados, conductas y hábitos que permitirán progresivamente que la prestación del servicio de justicia pueda cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenando en varios fallos condenatorios a los Estados implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género. Así lo ha hecho en varias decisiones, tales como en “Campo Algodonero” y, más recientemente, en el caso “Atala Riffo y niñas”, por lo que la política de la Corte Suprema en este sentido y los resultados concretos del mencionado plan son de especial interés.

La Oficina de la Mujer, en su corta existencia, ha logrado posicionarse como un referente en la producción de políticas públicas de género no sólo dentro del país, en donde ya se ha prestado colaboración transfiriendo programas y/o capacitando a personal de las fuerzas de seguridad, Ministerio Público y el Senado de la Nación -y reuniendo junto con el Consejo Nacional de las Mujeres a las dependencias de todos los ministerios que realizan políticas de género para coordinar y optimizar los recursos del Estado en el cumplimiento de las convenciones internacionales en lo que respecta a los temas de género-, sino también a nivel internacional, cooperando con otros países en el desarrollo de herramientas similares.