"Las acciones colectivas son un gran aporte al diseño institucional del país porque son mecanismos  que provee el Estado de Derecho para que la sociedad civil participe. Y si el ciudadano común participa en la vida del país, entonces hay más control, más debate, hay discusión y transparencia, menos oscilaciones pendulares y más equilibrio de fuerzas, menos decisiones centralizadas en un país con una larga tradición de decisiones centralizadas", sostuvo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, durante una exposición en la Asociación de Abogados de Buenos Aires sobre los alcances del reciente fallo "Halabi" en el que el Máximo Tribunal creó la denominada "acción colectiva" dando por primera vez alcance general a una sentencia.

El fallo sentó un precedente clave al crear la llamada acción de clase -conocida como "class action" y ampliamente desarrollada en el derecho comparado-, que permite que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen el mismo problema, sin tener que iniciar un juicio.

La causa "Halabi" se inició por la demanda de un particular que pidió se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario (1563/04), porque consideró que, al disponer la intervención de las comunicaciones sin determinar en qué casos y con qué justificativos, violan el derecho a la privacidad, en su condición de consumidor, y el derecho a la confidencialidad, en su condición de abogado.

Según Lorenzetti, "con las acciones colectivas hemos dado un enorme salto en el sistema legal, porque ahora tenemos acciones colectivas en el campo del derecho ambiental, en el del derecho de los consumidores y, a partir de "Halabi"  en materia de derechos extrapatrimoniales".

Sin embargo, el titular de la Corte también aseguró que "el sistema legal está aún en transición". Es que la acción de clase no está prevista en la legislacion procesal. Es decir, hay un vacío legal sobre el que la Corte avanzó mediante una construccción jurisprudencial. 

"Por eso tenemos que ser cautos, por ejemplo, para preservar el derecho de la defensa en juicio para evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no tuvo la posibilidad de participar, se debe probar el elemento común y en que medida se va a beneficiar una clase. Por eso en los paises que tienen trayectoria en la materia hay cuidados rigurosos en materia de prueba y exigencias de la acción", advirtió.

Maria Bourdin
mbourdin@csjn.gov.ar