El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dictó el pasado 12 de noviembre el procesamiento con prisión preventiva de siete imputados por el delito de trata de personas.

El magistrado consideró en el caso que la figura se encuentra agravada por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, porque se consumó la explotación de las víctimas y porque fueron más de tres las personas sometidas.

Además el juez Lijo destacó que "un elemento central del sometimiento en que se encontraban las víctimas era que las actividades se desarrollaban con total connivencia policial".

La causa se inició a partir de la denuncia realizada el pasado 18 de enero por la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), para que se investigue la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en decenas de departamentos privados de la Capital, en virtud de la declaración de una testigo de identidad reservada.

En el marco de la investigación se realizaron el pasado 26 de octubre 40 allanamientos simultáneos: 30 en  domicilios donde se explotaba la prostitución ajena, una imprenta, un hotel, y ocho domicilios particulares de las personas investigadas. Se investigan delitos en perjuicio de más de 50 víctimas.

El magistrado precisó que "la asociación investigada estaba destinada a captar y explotar una cantidad indeterminada y flucutante de mujeres -cuantas más mejor, mientras cada captación y explotación diera fruto económico para la organización- en una multiplicidad de domicilios distintos -eventualmente, también variables- y manteniendo relaciones de intercambio de información y técnicas de ejecución en relación con otras bandas de objeto semejante".

En tanto, el juez mandó a trabar embargos sobre los bienes de los acusados por sumas de hasta un millón de pesos.