El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 2, procesó con prisión preventiva a integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a cuatro civiles por el delito de asociación ilícita.

La medida alcanza a Ramón Eduardo Medina, Walter Gómez, Julián Castro y Germán Conde, y a los efectivos policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: el subteniente Abdon David Sosa y el capitán Mario Orlando Leguizamón (con destino en la Cria. La Matanza Sur 3ra. Villa Dorrego); el subcomisario Hugo Daniel Salas y el oficial principal Simeon Sanabria (titular y jefe de calle respectivamente de la Comisaría de Virrey del Pino –Secc. La Matanza Sur 2da.-); el subcomisario Juan José Soto, el oficial subinspector Angel Lorenzo, el oficial subinspector Miguel Ángel Alegre y el Capitán Hugo Alberto Pereyra, quienes se desempeñaban en la DDI La Matanza.

En su fallo, el magistrado aseguró que los imputados “tomaron parte en una asociación ilícita destinada a: por un lado, fraguar procedimientos policiales insertando en instrumentos públicos declaraciones falsas concernientes a los hechos que el documento debe probar y en otros casos mediante intimidación y/o simulando autoridad pública, obligar a terceras personas a entregar dinero con el fin de no iniciar un proceso penal en su contra”.

Además, el juez afirmó: “He de valorar la calidad de funcionarios públicos que ostentaban ABDON DAVID SOSA, MARIO ORLANDO LEGUIZAMON, HUGO DANIEL SALAS, SIMEON SANABRIA, JUAN JOSE SOTO, ANGEL LORENZO, MIGUEL ANGEL ALEGRE y HUGO ALBERTO PEREYRA y de la que se sirvieron para la comisión de los delitos que “prima facie” se les imputan y los estrechos vínculos que con éstos y otros policías poseían RAMON EDUARDO MEDINA, WALTER GOMEZ y GERMAN CONDE y que por intermedio de ellos usó JULIAN LEONEL CASTRO; la naturaleza, gravedad y diversidad de hechos reprochados, la variedad de armas de fuego que detentaban muchas de las cuales fueron provistas por el Estado dada su condición de agentes de una fuerza de seguridad; la cantidad de sujetos intervinientes en los mismos, la forma en que se hallaban organizados para cometerlos, el espacio territorial donde fueron realizados –puesto que se trató de la jurisdicción donde precisamente desempeñaban su labor policial y la logística con la que contaban; todo lo cual hace más que fortalecer la hipótesis de que en caso de recuperar su libertad podrían obstaculizar la investigación, impidiendo o demorando la producción de prueba o conspirando con otros aún no fueron identificados, pero que pueden surgir con el correr de la pesquisa”.-