El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Tucumán dio inicio este miércoles a las audiencias de alegatos de las partes en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el ámbito del Penal de Villa Urquiza, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Durante la audiencia, el tribunal -integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga y Hugo Norberto Cataldi (juez sustituto)- escuchó el alegato de los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (que actúa en el proceso como parte querellante) quienes solicitaron la pena de 25 años de prisión para Daniel Arturo Álvarez, Ángel Armando Audes y Pedro Fidel García; de 20 años de prisión para Jorge Omar Lazarte, Augusto Wertel Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela, y de 15 años de prisión para Santo González.

En tanto, la querella que representa a la familia de Jorge Kofman requirió la pena de prisión perpetua para Medrano, García, Ledesma y Valenzuela; 20 años de prisión para Audes; 15 años para Álvarez y 7 años para González.

Está previsto que el debate se reanude el miércoles próximo, a las 9.30.

El tribunal tiene previsto dar a conocer la sentencia el 23 de diciembre próximo.

También está imputado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado del debate por afrontar otro proceso por crímenes de lesa humanidad en Córdoba.

Se investigan los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio, cometidos en perjuicio de 39 víctimas.

Datos de la causa

Actúa en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general subrogante Leopoldo Oscar Peralta Palma y el fiscal general ad hoc Pablo Camuña.

Actúan como representantes de las partes querellantes Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Sebastián Gargiulo, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán; Pablo Sebastián Gargiulo, por Mirta Alejandra Ferreyra y la fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales; Inés Lugones de Bader y Julia Vitar, por Jorge Kofman; Alejandro Salas Oroño, por Miguel Rubén López.

Actúan en representación del Ministerio Público de la Defensa los defensores públicos oficiales ad hoc Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Manuel Bonnin, por la defensa de los imputados Roberto Heriberto Albornoz, Jorge Omar Lazarte, Ángel Armando Audes, José Víctor Gerez y Francisco Alfredo Ledesma.

Actúan como defensores particulares Gloria Hansen, por la defensa de Santos González y Juan Carlos Medrano; José Luis Chaván (h), por la defensa de Pedro Fidel García; Javier Jesús Morales Morales, por la defensa de Daniel Arturo Álvarez y Héctor Valenzuela, y Luis Osvaldo Monteagudo, por la defensa de augusto Wertel Montenegro.