Comunicado N° 09/2015

El Judicial no es un partido, sino un Poder del Estado. Independiente de los otros, como los tres deben serlo entre sí. Cada uno con sus objetivos y su órbita de actuación. Con los leves márgenes de superposición destinados al recíproco y constitucional control. Fuera de ese marco de control cualquier otra intromisión resulta inadmisible.

Quien tenga una denuncia que formular por el desempeño de un magistrado o funcionario, debe realizarla si existe una violación a la férrea regla del art. 110 de la Constitución Nacional. De no ser así, la reiterada y metódica amenaza -expresa o velada- resulta impropia de un sistema republicano, y sólo entendible como un vulgar -no por eso menos peligroso- intento de presión y condicionamiento. Y en modo alguno resulta admisible la acusación o amenaza fundada en la mera discrepancia con el contenido de las resoluciones judiciales.

Los miles de magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos  participan de las más diversas ideologías, y se encuentran separados -y también, paradójicamente, unidos- por las más variadas diferencias. Mal material para constituir un "Partido". No son destituyentes (tal el neologismo acuñado hace unos años) ni golpistas (arcaísmo que había sido remplazado por aquel neologismo, hoy resucitado a contramano de los datos más básicos de la realidad) los que opinan distinto o señalan errores.

No cabe sino repudiar el discurso maniqueo que bajo la apariencia de denunciar divisiones, en realidad pretende generarlas.

El único Partido al que pertenecen los miembros del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos es el de la Constitución, forjado desde la institucionalidad.

Quienes ahora acusan partidización han pretendido, infructuosamente, partidizar al Poder Judicial y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Lo han intentado, incluso, desvirtuando los objetivos y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Como no lo han logrado más que con una pequeña parte de sus integrantes, intentaron luego -con menos éxito aún- fracturarla. Pero sólo han conseguido fortalecerla aún más en sus convicciones democráticas y republicanas.

Las pasiones desbordadas -la irracionalidad del fanatismo- deben dejar lugar al diálogo y la concordia. Siempre estaremos trabajando con este objetivo; es nuestro rango distintivo y no claudicaremos en esa línea de conducta.

Los funcionarios judiciales no gobernamos ni deliberamos, nuestra misión, asignada en la oportunidad fundacional, es asegurar la vigencia de la Constitución y las instituciones que ella ha erigido. Esa es la única tarea que nos da sustancia, dirección y fin.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2015.

Dr. Alejandro Sudera                           Dr. Ricardo Recondo

Vicepresidente                                           Presidente

Dr. Marcelo Gallo Tagle

Secretario General