Recientemente, una jueza federal hizo lugar a un planteo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y habilitó a funcionarios judiciales a desempeñarse como jueces subrogantes. Además, declaró la inconstitucionalidad de las normas que sólo autorizan a abogados integrar la lista de conjueces para cubrir vacantes.

El presidente de aquella entidad, Ricardo Recondo, aseguró que los secretarios y proscecretarios “están más capacitadas para subrogar a un juez”. En aquella causa, “hemos tratado de conseguir que se rodee de una aureola constitucional el nombramiento de subrogantes”, añadió.

Pero aclaró que el fondo de la cuestión no es solamente cómo se estructuran los nombramientos, “sino en que no tienen que existir vacantes”. En la actualidad existen casi 160 puestos sin cubrir y se estima que demora dos años nombrar un nuevo magistrado.

La normativa que fue cuestionada por la Asociación de Magistrados y ahora declarada inconstitucional fue, para Recondo, “claramente orientada a tratar de domesticar al Poder Judicial, en donde tiene una preeminencia absoluta, y en detrimento de la orden constitucional, el sector político sobre los otros sectores”.

“El dominio del Consejo de la Magistratura lo ejerce el sector político y lo que es más grave, el oficialismo…. El Consejo de la Magistratura funciona para cercenar la independencia del funcionamiento del Poder Judicial”, indicó.

Sobre el caso del juez Federico Faggionato Márquez, que instruye la causa por el tráfico ilegal de efedrina y sobre quien pesa una treintena de pedidos de enjuiciamiento, Recondo señaló que algunas de esas denuncias tienen más de tres años de antigüedad.

“Lo que hay que tratar es que el sistema de denuncias no permanezca crónicamente en el Consejo sin definiciones. Porque esto es justamente lo que se usa para presionar a los jueces”, aseguró.

Y advirtió que los jueces “debemos tener prudencia... El juez tiene que ser prudente y no puede interferir en actividades políticas, sobre todo en momentos álgidos como el de ahora. Se está criticando en estos momentos la judicialización del proceso electoral, entonces los jueces tenemos que tener la prudencia aun frente a la mala fe de algún político que quiere llevar a la Justicia este terreno”.

Finalmente, Recondo volvió a insistir por la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. “Para ejercer una política judicial como quiere la Corte Suprema y nosotros apoyamos, se necesita un presupuesto absolutamente independiente de los otros poderes del Estado, porque si no... la política judicial queda cercenada”, concluyó.