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    Barrick: la Corte Suprema dividió la competencia en la causa por el derrame de cianuro en San Juan

    El Máximo Tribunal estableció que el juez provincial de Jáchal debe investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y funcionarios locales y el juez federal Sebastián Casanello a los funcionarios nacionales

    En el día de la fecha, la Corte Suprema resolvió que la justicia de la provincia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa “Barrick Gold” ubicada en el Departamento de Iglesia de la Provincia de San Juan.

    A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

    En la justicia local de San Juan se investiga a los directivos de la empresa “Barrick Gold” y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de San Juan, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso (ex Secretario de Ambiente de la Nación) y Jorge Mayoral (ex Secretario de Minería de la Nación), así como el de funcionarios provinciales y directivos de la citada empresa.

    El juez a cargo del Juzgado de Jáchal de San Juan le solicitó al juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal n°7 de esta Capital que se inhibiera de intervenir en la causa. Sin embargo, el juez federal rechazó ese pedido porque entendía que a él le correspondía seguir investigando.

    Este conflicto de competencia fue resuelto por la Corte Suprema que decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente de la Nación.

    La Corte Suprema también exhortó a los jueces a cargo de las investigaciones mencionadas a que adopten las medidas necesarias para asegurar una rápida y buena administración de justicia.

    Finalmente, la Corte Suprema enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

     

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