La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal revocó el archivo de una causa en la que se investiga el supuesto origen ilícito del dinero con el que el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, habría adquirido un inmueble.

Así, el tribunal hizo lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Carlos Rívolo, contra la decisión del juez Norberto Oyarbido de archivar el expediente en cuestión.

La causa tuvo su origen en la denuncia efectuada por el Dr. Oscar Amirante ante la cámara, a la que adjuntó una copia de un correo electrónico recibido en la Fiscalía Federal a su cargo, que contiene un mensaje suscripto por Nicolas Martella en el que se hace referencia al supuesto origen ilícito del dinero con el que el sindicalista Hugo Moyano habría adquirido la propiedad de la estancia “San Ignacio” ubicada en la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires.

Más tarde, destacó el tribunal, se constató que la titularidad del dominio de aquel establecimiento rural corresponde en realidad a la firma Calema SA y se agregó la impresión de un artículo publicado por el diario Perfil, con fecha 20 de septiembre de 2006, según el cual las autoridades de dicha empresa tendrían vinculaciones directas con Juan Manuel Palacios, titular de la Union Tranviarios Automotor (UTA), y quien sería la “mano derecha” del mencionado líder gremial.

Oyarbide consideró que “no se ha podido acreditar los extremos denunciados (sic), en particular respecto de la posible participación de Hugo Moyano en el asunto (…) Tampoco es posible profundizar la investigación entorno (sic) al patrimonio de Calema S.A., sus socios y miembros de la U.T.A. en tanto que tal proceder constituiría una ´operación de pesca´ que excedería ampliamente el objeto procesal”.

El fiscal Rívolo sustentó su recurso en la necesidad de profundizar la investigación, en torno a algunos aspectos de la firma referida que se desprenden del citado informe de la Inspección General de Justicia (IGJ). En particular, solicitó que se le dé intervención a la Unidad de Información Financiera para establecer si la operación mediante la cual se transfirió la propiedad del inmueble a la empresa se encuentra justificada según su situación patrimonial, para así determinar si corresponde ahondar en el origen del dinero con que ella se solventó.

Para los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, “es claro que las medidas propiciadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias se adecuan al objeto originario del proceso y lucen conducentes para agotar la pesquisa”.