La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un interno del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza por el delito de extorsión, en una causa en la que se investiga un “secuestro virtual”.

El hecho ocurrió en el año 2006, cuando una mujer recibió un llamado telefónico donde un desconocido le dijo que tenía secuestrado a su padre y que debía comprar cinco tarjetas para celulares, a lo que accedió la víctima.

Hecha la denuncia, en la causa se comprobó que el llamado había sido realizado desde el Complejo Penitenciario Federal N° 1, de la localidad bonaerense de Ezeiza, por un interno, a través de un teléfono público. También se constató que las claves de las tarjetas habían sido acreditadas en un teléfono móvil de la pareja del preso.

El juez de primera instancia dispuso el procesamiento del interno por extorsión y de su pareja por encubrimiento agravado. Apelada la decisión, la cámara rechazó el recurso y confirmó la medida.

Según el camarista Gregorio Fleicher, a cuyo voto adhirió el magistrado Leopoldo Schiffrin, se trata de un caso de extorsión y no de estafa, como pretendió la defensa que sea calificada la conducta. Para ello, consideró que “la disposición patrimonial de la víctima, en el caso de la estafa, y en virtud del engaño, es voluntaria. En el  hecho investigado, surge claramente que ello no transcurrió de esa forma, sino que tuvo como causa la intimidación sufrida, doblegando la voluntad de la víctima”.

Señaló que “no debe soslayarse que la novedosa modalidad de estos hechos delictivos y su denominación vulgar como ‘secuestro virtual’ puede llevar a la confusión en cuanto a su tipificación”.

Además, indicó que “debe tenerse presente las distintas particularidades que caracterizan a hechos como el aquí investigado, llevados a cabo, en gran parte, por algunas de las personas detenidas que se hallan alojadas en establecimientos penitenciarios, que lejos de intentar reinsertarse en la sociedad han cimentado esta nueva forma de cometer delitos, utilizando medios que dificultan en numerosos casos identificar a sus responsables y la pesquisa”.

“Sin embargo, en este caso la víctima cumplió con la requisitoria del imputado porque estaba atemorizada o intimidada y no como sucede habitualmente en las defraudaciones, al pensar que se está obrando debidamente o que con ello obtiene algún beneficio para sí o para un tercero”, agregó.