El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso el pasado 28 de septiembre el procesamiento de 25 imputados en una causa por defraudación contra la administración pública y lavado de bienes de origen delictivo, en donde se investigan distintos actos abusivos e infieles a través de los cuales los procesados, en su carácter de empleados del Ministerio del Interior y Transporte en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros aproximadamente 50 millones de pesos, en el período comprendido entre abril del 2009 y mayo de 2013, aproximadamente.

Según la resolución, algunas de las personas investigadas se desempeñaron en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) o bien en alguno de los proyectos que desarrollaban en el marco del PNUD dentro del entonces Ministerio del Interior y Transporte.

Asimismo, el magistrado dispuso el embargo del dinero de los procesados y de empresas, y de los bienes que habrían sido adquiridos con el producido de las maniobras ilícitas investigadas.

La denuncia había sido realizada por el exministro Florencio Randazzo a partir de dos auditorías, una dispuesta por el PNUD y la otra por el Ministerio del Interior y Transporte.