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La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento y prisión preventiva del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, en el marco de una causa en la que se lo investiga por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
El tribunal también ratificó el procesamiento y prisión preventiva de Santiago Omar Riveros (ex jefe del Comando de Institutos Militares y recientemente condenado por el homicidio de Floreal Avellaneda) y Luis Sadi Pepa (ex director de la Escuela de Comunicaciones).
En la causa se investiga el hecho ocurrido el 12 de enero de 1977, cuando un grupo de personas armadas ingresó ilegalmente en el inmueble de calle Independencia 1940, de la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Al llegar al departamento donde habitaban las víctimas, se produjo un enfrentamiento armado, a raíz del cual perdió la vida Domingo Antonio García, mientras que su esposa, Beatriz Recchia –quien a ese momento se encontraba embarazada de aproximadamente seis meses-, fue privada ilegítimamente de la libertad, al igual que su hija Juliana Inés García. Al día siguiente, la menor fue entregada a su abuela materna, Petrona Corso de Recchia.
Situación de los imputados
- Reynaldo Bignone: están imputados en esta causa por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (dos hechos) y por haber transcurrido más de un mes (un hecho), allanamiento ilegal (un hecho), imposición de tormentos (un hecho) y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
- Santiago Riveros: están imputados en esta causa por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (dos hechos) y por haber transcurrido más de un mes (un hecho), allanamiento ilegal (un hecho), imposición de tormentos (un hecho) y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
- Luis Sadi Pepa: está imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (dos hechos), allanamiento ilegal (un hecho), imposición de tormentos (un hecho) y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.