El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso el procesamiento de Oscar Parrilli, Katya Daura, Javier Alberto Grossman y otras dos personas por el delito de defraudación a la administración pública por administración abusiva o infiel.

La causa se había iniciado por una denuncia del actual presidente de la Sociedad de Estado Casa de Moneda. Allí, sostuvo que con motivo de un informe remitido por la Unidad de Auditoria interna de esa entidad se tomó conocimiento de la existencia de una gran cantidad de papel que se encontraba almacenado en los depósitos de la institución y no estaba debidamente inventariado, circunstancia que resultaba irregular pues todo el material adquirido debe cargarse en el sistema informático habilitado a tal efecto en forma inmediata a su ingreso, indica la resolución.

Dicho papel, refirió el denunciante, que fuera encontrado en el depósito de la planta de Retiro, tampoco resultaba ser un material que habitualmente fuera utilizado por la Casa de la Moneda.

“Así mediante la investigación interna llevada a cabo por la actual administración de la SECM se pudo establecer que la adquisición de ese papel guardaba relación con la Licitación Pública N° 16/13 de la Presidencia de la Nación –Secretaria General- Dirección de Patrimonio y Suministros, por medio de la cual se encomendó la impresión de libros a SECM, y que dicho papel fue adquirido a la firma ‘Celulosa Argentina S.A.’, con motivo de haber participado esa sociedad en la referida licitación”, añade.

Además, señala que “se determinó que SECM abonó facturas a la firma ‘Celulosa Argentina S.A.’ por mas de $2.500.000, con motivo de la entrega de papel en la Planta de Retiro y en el depósito de la firma ‘Anselmo Morvillo S.A.’, y que dicho papel nunca fue utilizado, asimismo por la última de las firmas referenciadas le reclama a SECM la suma de $1.658.842 por el almacenaje del referido papel”.

Y agrega: “Mediante el sondeo administrativo realizado se constató que nunca se realizó la entrega de libros, no recibiendo SECM intimación alguna por parte de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación con motivo de ese incumplimiento. Asimismo que se había percibido la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000) en concepto de anticipo del mencionado organismo del Poder Ejecutivo Nacional”.