La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó este jueves una audiencia pública, en el marco de una causa en la que la provincia de Córdoba demanda al Estado Nacional el pago de más de 1.220 millones de pesos, por el presunto incumplimiento del Convenio 83/02, de “Armonización y Financiamiento del Sistema Previsional”, desde la fecha de vigencia de ese acuerdo, en 2002, hasta el 31 de diciembre de 2007.

El acto fue presidido por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien estuvo acompañado por los ministros Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

La exposición por la provincia de Córdoba estuvo a cargo del gobernador Juan Schiaretti, quien afirmó que “estamos en emergencia previsional porque el Estado Nacional no ha cumplido con los aportes convenidos".

En cuanto a las cifras, Schiaretti dijo que la provincia cedió recursos al sistema nacional de Seguridad Social en el período 1991-2007 por 10.500 millones de pesos. Asimismo, indicó que en igual período recibió 1.925 millones, lo que muestra una diferencia negativa de 8.670 millones de pesos.

Y además, destacó que en sucesivos convenios firmados la Nación reconoció su obligación de cubrir el déficit de la caja de jubilaciones de Córdoba.

En la causa, la parte actora asegura que la deuda que el Estado Nacional mantendría con la provincia encuentra su fundamento en la asistencia que estaría obligado a prestarle con el objetivo de paliar el déficit de la caja previsional cordobesa.

Así, la provincia puso de manifiesto que la demandada no habría cumplido con el compromiso asumido en el  último de los acuerdos referidos, en cuanto a concluir en el plazo de 90 días con la evaluación final del convenio del año 2002, que comprende los períodos devengados hasta el 31 de diciembre de 2007, a pesar de haber sido intimada al efecto.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Amado Boudou, remarcó: “La ANSES no tiene deudas con Córdoba".

Boudou dijo, además, que se debe recordar que durante el período 2000-2002 se dictaron en Córdoba una serie de normas tendientes a desarmonizar el sistema jubilatorio provincial con el nacional. Se bajaron las edades para jubilarse y se redujo la cantidad de años necesarios acceder al beneficio.

Aclaró también que en 2007 Córdoba generó su propio régimen de movilidad jubilatoria, y si bien en el ámbito nacional no existía, esto demuestra que "no fue la ANSES quien cambió el criterio”.

Consultado por Lorenzetti sobre si las partes han establecido un mecanismo de solución de controversias por la urgencia que la falta de fondos implica para los ciudadanos de la provincia, Boudou aseguró: “No hemos tenido problema en firmar convenios para que la caja de Córdoba pueda hacer erogaciones completas, en las que el 20 por ciento son financiadas por el Estado Nacional”.