El juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, dispuso el auto de procesamiento de Julio De Vido, José Francisco López, Néstor Ulloa, directivos de la empresa constructora y representantes de empresas de facturación falsa y otros intermediarios, en el marco del caso Skanska.

El Proyecto de Ampliación de Gas 2005 preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), la incorporación de potencia de comprensión en plantas existentes, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora. Las obras estarían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomisos.

La licitación pública que debía realizarse como procedimiento regular de contratación no se realizó, se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas para participar del procedimiento de adjudicación.

Si bien en el año 2010 se había dispuesto el auto de procesamiento de numerosos imputados, luego fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones. Para entonces se encontraba invalidada la grabación realizada en el marco de una auditoría de Skanska a Javier Azcárate, gerente comercial, quien dio detalles de las operaciones ilícitas realizadas por la empresa constructora. Entre ellas se confirma el pago de sobornos a funcionarios públicos a través de un sistema de facturación falsa montado en el marco del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, y de acuerdos ilícitos por la adjudicación de obras que también tendrían en la República de Perú y en la provincia de La Pampa. Recién el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal pudo resolver que esa prueba era válida. A partir de entonces, el fiscal Stornelli -quien tiene a su cargo la instrucción de la causa- requirió las indagatorias del ex ministro de Planificación, del ex secretario de Obras Públicas y de otros veintinueve imputados, que incluyó a ex directivos de Skanska, y a empresarios e intermediarios que intervinieron para canalizar los sobornos a los funcionarios públicos.

Las treinta y una declaraciones indagatorias comenzaron en diciembre de 2016 y se terminaron a lo largo de este año, con una ampliación requerida por Azcárate. Al cabo de ellas, el juez -luego de evaluar los descargos de los imputados y la prueba reunida durante tantos años- dispuso el auto de procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho.

En la resolución el juez entendió que la modificación del procedimiento de contratación (de licitación pública a concurso privado) había sido el punto significativo a partir del cual se dio lugar a los sobreprecios de las obras. Las diferencias entre los precios presupuestados para las obras y lo pagado por todas las obras del Proyecto se estiman en 185 millones de pesos, aunque las obras que comprendieron los tres contratos de Skanska ascienden a un ingreso estimativo de 82 millones de pesos (obras contratadas directamente a Skanska -TGN- y como subcontratista de Odebrecht en el caso de TGS). Otras empresas adjudicatarias fueron, para los gasoductos y plantas compresoras del sistema norte, Techint SA, Contreras Hnos SA y BTU SA. Constructora Norberto Odebretch, fue la adjudicataria de las obras del tramo sur y a su vez subcontrató a Skanska, Techint y Contreras Hnos para que realicen las obras. Los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la empresa Skanska, rondarían los 14 millones de pesos.

En ese contexto, el juez Casanello tuvo por acreditado que Julio De Vido, en su carácter de máxima autoridad del ex Ministerio de Planificación Federal, había diseñado un esquema jurídico de delegación de funciones que le permitió -a la par de licuar su responsabilidad- determinar a través de sus dependientes directos: Secretaría de Energía, Secretaría de Obras Públicas (José Francisco López) y ENARGAS, las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y a las otras empresas. Por su parte, Néstor Ulloa, gerente general de Nación Fideicomisos, era el administrador del Fondo Fiduciario, era quien disponía del dinero para el pago de las obras, fue el encargado de aprobar junto con otros funcionarios los incrementos de presupuesto y de recibir sobornos en retribución. La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. Los directivos y empleados de la empresa multinacional: Mario Piantoni, Gustavo Vago, JaverAzcárate, Ignacio de Uribelarrea, Pedro Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba, en función de un acuerdo previo con los funcionarios públicos, pagaron sobornos que estuvieron dirigidos al ex Ministerio de Planificación Federal y a Nación Fideicomisos mediante cheques librados entre noviembre de 2004 y abril de 2006. El origen de esos cheques eran facturas apócrifas que recibían de empresas que imputaban falsamente costos (por bienes y servicios no prestados) a las obras del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, de esa manera hicieron posible el egreso de 14 millones de pesos de la empresa multinacional con destino a los funcionarios públicos en carácter de retribución por el direccionamiento en la adjudicación de las obras. De acuerdo a la auditoría realizada por la firma Control Risks, las 23 empresas de facturación falsa son: Azuis S.A., Constructora La Nueva Argentina S.A., Cunumí S.A. Wikan Obras y Servicios S.A., Berniers S.A., Acquasa S.A., Nae de Larrasaro S.R.L., Constructora Triple T. SRL, Obrytel S.R.L., Sol Construcciones S.R.L., ASM S.A., Coniseht S.R.L., Generart S.A., Transporte Arco Iris S.R.L., Metalúrgica Cecchi y Gafforini S.A., Conaza S.A., Echo Argentina S.A., Cooperativa de Trabajo y Consumo Cris Ltda., Darom Construcciones S.R.L., Spital Hermanos S.R.L., Inargind S.A., Metalúrgica Roldan e Infinity Group S.A. Los representantes de estas empresas recibían los cheques y, luego de un circuito que incluía la acreditación de esos cheques en sus cuentas bancarias para disfrazar el origen y destino de los fondos, se negociaban con la intervención del contador Néstor Greco, Alejandro Porcelli y del contador Enrique Rubinsztain en las financieras Money Market, Mercado Único y Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Activa Ltda.

Los embargos dispuestos, con vistas a la recuperación de los activos generados ilícitamente, fueron fijados en 49 millones de pesos para cada uno de los funcionarios públicos y de los directores y gerentes de Skanska, quienes fueron procesados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de cohecho. Mientras que a los restantes intervinientes (empresas de facturación falsa e intermediarios que negociaron los cheques) se los procesó sólo por el delito de cohecho en calidad de coautores. Con el mismo propósito, se les fijaron embargos por 14 millones de pesos.

La causa fue devuelta a la Fiscalía del Dr. Carlos Stornelli para que evalúe la elevación a juicio de este tramo y para que se continúe con la instrucción de otros tramos de la causa.

Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7