La vicepresidenta de la Corte de Justicia de Salta, María Cristina Garros Martínez, informó que los poderes judiciales de la región del noroeste están intensificando las tareas para “dar una respuesta integral” a la problemática de la violencia familiar.

La magistrada, que además preside el Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura, explicó que las tareas se están llevando a cabo en conjunto con los demás poderes del Estado en el marco del compromiso firmado por las demás cortes del país para enfrentar la problemática.

Señaló que en Salta las estadísticas “son alarmantes” y para ayudar a las víctimas hay “una mesa de entrada única que distribuye las causas que ingresan en los juzgados de familia”. Una de cada cien mujeres sufre estos acosos y los denuncian en la Justicia.

“El acuerdo que se firmó en el Noroeste, y éste a su vez con la Corte Suprema, fue muy positivo porque se pudo, por ejemplo, manejar cuadros estadísticos similares para trasparentar cuál es la situación de violencia. De esa manera, se hace un diagnostico más parejo y acertado por el cual se generan políticas públicas más acordes”, explicó Garros Martínez.

Por otra parte, y en el marco de una reunión de trabajo convocada por el Máximo Tribunal nacional donde se analizan las experiencias provinciales, declaró que “se está trabajando en la posibilidad de modificar la ley de protección de víctimas de violencia familiar”.

No obstante, por ahora se está capacitando a la Policía, a los jueces de paz y a los adolescentes para que sepan cómo reaccionar frente a estos hechos. A los más jóvenes los instruyen con un programa llamado “La Justicia sale a las escuelas”, donde los jueces hablan con los menores y los concientizan sobre las “graves consecuencias que tiene el hecho de no saber dialogar”.

La ley que empezó a funcionar desde el año 2006 ayudó para calificar los tipos de violencia. “El mayor número lo tienen las amenazas y después las agresiones físicas. Las mujeres son las que más lo sufren, sobre todo en el rango de edad de entre  35 y 55 años. Le siguen los mayores y en tercer lugar están los niños”, concluyó la magistrada.