La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (en carácter de presidente del tribunal), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, declaró inadmisible un recurso extraordinario federal interpuesto por Lázaro Báez.

Mediante dicho recurso, Báez (quien actúa como pretenso querellante en estas actuaciones) intentaba impugnar la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había convalidado la resolución del juez Rafecas que había sobreseído a su par Sebastián Casanello en orden a la denuncia efectuada por Lázaro Baéz, quien sostuvo que su detención constituyó un intento de “extorsionarlo” para que involucre a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los hechos de lavado de activos que se le imputan.

La referida detención se produjo en el marco de la causa en la que Báez se encuentra procesado por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional.