Creado en junio de 2013, con vocación de permanencia, desde la Presidencia del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles se realizó un documento donde se explican las distintas actividades realizadas desde sus inicios hasta la actualidad en relación a la problemática de género en contextos de encierro.

En el informe se destaca la prolífica tarea de todas las Instituciones que integran el Sistema y la concordancia en los altos objetivos que procuran el mejor cumplimiento de la función de garante del Estado federal, el fin constitucional de las penas y la efectiva vigencia de las garantías y los Derechos Humanos de las mujeres privadas de su libertad.

Entre las múltiples actividades se resaltan los monitoreos carcelarios a distintas Unidades de todo el país donde se alojan personas del colectivo LGBTI, mujeres, madres con hijos y mujeres embarazadas, efectuados conforme a estándares internacionales de Naciones Unidas (Reglas Mandela) que constituyen una trascendente herramienta de prevención y protección de Derechos Humanos; y el acta suscripta con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para capacitar al personal penitenciario que presta funciones en las cárceles donde se alojan mujeres.

Asimismo, en el Informe se detalla la Recomendación VI emitida por los miembros del Sistema referida a los derechos y condiciones de detención de las mujeres.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles es un espacio interinstitucional y plural creado en junio de 2013 e integrado por Magistrados del Poder Judicial, Fiscales, Defensores Públicos Oficiales, la Procuración Penitenciaria de la Nación, y como representantes de la sociedad civil el Colegio Público de Abogados –entidad rectora de la matrícula- y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y recientemente incorporados como miembros consultivos la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión Provincial por la Memoria.

Es un organismo conformado sobre la base del reconocimiento del Valor Humano como Derecho fundamental de la persona privada de su libertad y de la efectiva protección de la Constitución y las leyes y la defensa de su dignidad y derechos.

De esta manera, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso todas las personas privadas de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos fundamentales.

Informe: Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles