Con motivo de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, la Defensoría General de la Nación renueva su compromiso de continuar trabajando para lograr la vigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La violencia contra las mujeres constituye un problema mundial con proporciones de epidemia. Y aunque hubo progresos en la toma de conciencia sobre su magnitud, aún queda mucho por hacer. Es necesario el compromiso de la sociedad en su conjunto, pero es ineludible que los organismos públicos cumplan con su deber y adopten todas las medidas necesarias a fin de atacar las causas que posibilitan la violencia de género. En este sentido, se considera que su erradicación exige la adopción de políticas destinadas a eliminar la discriminación contra las mujeres.

Convencida de la necesidad de incluir la dimensión de género a la labor diaria de los operadores jurídicos como condición ineludible para garantizar un adecuado servicio a las mujeres víctimas de violencia, y a las usuarias en general, la Defensoría General de la Nación creó, en agosto de 2007, la Comisión sobre Temáticas de Género. El propósito de la Comisión es bregar por la inclusión del enfoque de género en la defensa pública, tanto con relación al servicio prestado, como al interior de la institución.

A instancias de la Comisión se dictó la Resolución DGN N° 1271/08, que modificó el “Régimen de Licencias de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio Público de la Defensa”. Con esta modificación se reconoció la licencia por paternidad, se amplió la licencia por maternidad o paternidad en ciertos casos, se reconoció a agentes de ambos sexos la posibilidad de quedar en situación de excedencia, se incluyó la licencia por adaptación escolar y reuniones escolares, y se reconocieron los mismos derechos otorgados a parejas heterosexuales a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, entre otras cosas. La reforma perseguía los siguientes objetivos: (i) avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y de trato de varones y mujeres y eliminar roles estereotipados basados en el género; (ii) facilitar el mejor cumplimiento de las responsabilidades familiares de los agentes; y (iii) asegurar la no discriminación de las personas por su orientación sexual. 

También se desarrollan diferentes actividades de capacitación dirigidas a todo el personal del Ministerio Público de la Defensa.  A través de la Resolución DGN Nº 534/09 se creó el Seminario “Las Mujeres frente al Derecho”, de edición mensual y  asistencia obligatoria para todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa. El seminario se compone de una parte teórica y una parte práctica, en la cual se promueve la participación activa de los asistentes y la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la jornada. También se desarrolla el Seminario “Discriminación, Género y Violencia”, organizado en forma conjunta con la Universidad de San Andrés, cuyo objetivo es acercar conocimientos y herramientas para mejorar la defensa de las mujeres víctimas de violencia.

La Comisión además desarrolla diversas actividades de capacitación sobre temáticas específicas. Por ejemplo, sobre estrategias de defensa de mujeres acusadas de matar a sus parejas golpeadoras; explotación sexual; aborto no punible; mujeres privadas de libertad.

Para apoyar la tarea de los defensores públicos, la Comisión elabora materiales sobre distintos temas, por ejemplo, sobre estrategias y estándares para la obtención de la prisión domiciliaria a favor de mujeres embarazadas o con hijos menores de edad; jurisprudencia que restringe la persecución penal del delito de aborto y principios de acceso al aborto no punible; y la guía de recursos para la asistencia a mujeres víctimas de violencia.

En materia de violencia familiar, la Defensoría General de la Nación designó a dos abogados (uno con formación en derecho civil y otro en derecho penal), en el ámbito de la Comisión, que prestan asesoramiento legal y eventual patrocinio jurídico a mujeres adultas víctimas de violencia familiar que asisten a  la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La Comisión también apoya pedidos de arresto domiciliario en beneficio de mujeres embarazadas o que tienen a su cargo hijas o hijos menores de edad. En tales presentaciones se analizó, con un enfoque de género, el impacto diferenciado que tiene el encierro en varones y mujeres, y la necesidad de preservar los derechos de las mujeres detenidas y de su grupo familiar. En uno de esos casos, presentados al poco tiempo de sancionada la ley Nº 26.472, se apoyó la defensa de una detenida que tenía una hija que ya había cumplido los 5 años de edad. La petición tuvo acogida favorable por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y constituyó un precedente valioso, por cuanto habilitó la detención domiciliaria en un supuesto no previsto legalmente, aclarando expresamente que no debería regir una interpretación que le otorgue carácter taxativo a los casos legalmente contemplados.