La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo solicitó este jueves la pena de 25 años de prisión para el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, en el marco del juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en jurisdicción de Campo de Mayo.

La entidad también requirió la misma pena para Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo).

En tanto, el abogado Pablo LLonto, en representación de familiares de víctimas, solicitó la misma pena para Bignone, Riveros y Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo).

Al mismo tiempo, pidió 23 años de prisión para Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978) y para Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo).

Cabe recordar que, durante la primera jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó la pena de 25 años de prisión para Bignone, Riveros, Verplaetsen,  García, Tepedino y Montenegro. Asimismo, la Secretaría pidió 20 años de prisión para Guañabens Perelló.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal también requirió en su alegato 25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetesen, al mismo tiempo que para el resto de los acusados pidió:

- 20 años para Carlos Alberto Tepedino
- 14 años para Jorge Osvaldo García
- 12 años para Eugenio Guañabens Perelló
- 2 años para Germán Montenegro

El tribunal, integrado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros, cerró así las audiencias de alegatos de las querellas. Asimismo, informó que durante la semana próxima no se realizarán audiencias y el jueves 25 de febrero comenzarían los alegatos de las defensas.

La causa

El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas. Se trata de la segunda causa que llega a esa instancia procesal por violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito de Campo de Mayo, durante el último gobierno militar.

Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.