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    Jueces denuncian nuevo intento de presión tras las declaraciones de la presidenta Kirchner

    Lo aseguró en un comunicado la Asociación de Magistrados, que preside Ricardo Recondo, a raiz de las afirmaciones formuladas el lunes por la Primera Mandataria Nacional, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El texto completo
    Jueces denuncian nuevo intento de presión tras las declaraciones de la presidenta Kirchner

    El texto completo del comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional:

    "En la víspera, al pronunciar ante la Asamblea Legislativa el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la señora Presidenta de la Nación –Dra. Cristina Fernández de Kirchner- sostuvo que “necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión”.

    La afirmación da cuenta del conocimiento que tendría la Dra. Fernández de Kirchner acerca de la comisión de delitos que –como funcionaria pública- está obligada a denunciar.

    Resultan del principal interés de esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –y en tal sentido actúa constantemente- no sólo la preservación de la independencia que, como Poder del Estado, resulta condición sine qua non para el pleno funcionamiento del Judicial, sino también que el mismo esté integrado por hombres y mujeres probos, por lo cual se requiere –con la premura del caso- que la Dra. Fernández de Kirchner haga públicos los nombres omitidos en su afirmación, a fin de que por los carriles constitucionales pertinentes –y con cumplimiento de los procesos establecidos para preservar el correspondiente derecho de defensa en juicio- se pueda juzgar y, de corresponder, expulsar del Poder Judicial a los magistrados supuestamente infieles.

    Tal es el proceder que debe seguirse en una hipótesis como la planteada por la Dra. Fernández de Kirchner, ya que denuncias generales e innominadas como la realizada no pueden sino ser entendidas –maxime considerando la investidura de quien las profirió y el ámbito en el cual lo hizo- como un nuevo intento de indebida presión a un Poder Judicial que cumple con su rol constitucional de control, materializado –esta vez- a través del tendido público de un inmerecido manto de sospecha sobre la honorabilidad de miles de funcionarios y magistrados". 

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