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Fecha:
Lunes, 02 de diciembre de 2019
Primeras experiencias de justicia restaurativa
El Dr. Pinto sostuvo que tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional como la Comisión de Menores del fuero que él integra apoyan la incorporación de estos mecanismos alternativos para resolver conflictos.
En esta línea, destacó el compromiso de los operadores de los Juzgados n° 5 y n° 7 que vienen trabajando en la adopción de medidas alternativas en procesos judiciales con menores de edad. “Estos mecanismos evitan la judicialización innecesaria en ciertos conflictos y descomprimen los tribunales”, dijo.
El camarista destacó también las ventajas de alcanzar una solución alternativa a la aplicación de la ley penal: garantiza la asunción de la responsabilidad del hecho por parte del joven y evita la judicialización del conflicto.
También hizo un recorrido por la legislación que avala estas prácticas tanto a nivel nacional como internacional.
“La finalidad de elegir esta opción tiene que ser la resocialización del joven a través de la asunción de su responsabilidad por el daño causado”. Para que el mecanismo funcione es fundamental que el/la infractor/a decida de manera libre y que las medidas que se adopten sean en su beneficio y con el acuerdo de la víctima, expresó.
Rol del defensor
El Defensor de Menores, Dr. Gustavo Fernández dijo que la propuesta introduce un cambio de paradigma en el abordaje de los conflictos. El juez y los operadores judiciales deben buscar el restablecimiento de la paz social y la armonía través de estos métodos (citó el Artículo 22 del Código Procesal Penal Federal).
“Somos los que más cerca estamos de los imputados. Cuando proponemos un acuerdo restaurativo lo hacemos en vista a la historia personal del joven”. Aclaró asimismo que no todos los casos pueden resolverse en esta instancia.
Fernández relató tres experiencias donde el defensor logró generar la empatía del imputado con la víctima y la reflexión sobre su conducta y el daño generado, una cuestión esencial a la hora de llegar a un acuerdo conciliatorio.
Por su parte, la Dra. Silvana Greco explicó el programa de Resolución Alternativa de Conflictos desarrollado por el Ministerio Público de la Defensa, que funciona desde 2012 para la Justicia civil y que, hace dos años, arribó al fuero penal de menores.
Greco, especialista en facilitaciones comunicacionales y diálogo en procesos de menores, sostuvo que para que el acuerdo funcione tiene que estar comprometido el imputado, la persona damnificada y la familia del infractor.
En los procesos restaurativos –continúo- hay que atender el daño, la causalidad (si hay problemas de adicciones) y la estructura familiar para que el joven pueda iniciar un proceso reflexivo sobre las acciones que deberá encarar para repararlo. “Estar en presencia del otro al que yo dañé tiene un efecto restitutivo que restablece un equilibrio relacional que se dañó por el delito”, dijo.
Ministerio Público Fiscal
Durante el 2019, el Ministerio Público Fiscal comenzó a trabajar con un firme compromiso en la temática: creó una Unidad especializada en Medidas Alternativas al Proceso Penal, un programa piloto sobre justicia terapéutica y un programa especial para adolescentes, informó la Dra. María Fernanda Poggi.
También se incorporaron a un grupo de trabajo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos de la región que elaboró un decálogo sobre el tema.
Según la funcionaria, la víctima está asumiendo un rol protagónico en todo el proceso a fin de asegurar el compromiso del victimario por el daño generado.
Asimismo, la Dra. Sagasta dijo que si bien se está avanzando de manera artesanal, ya han articulado el trabajo con el Cuerpo de Delegados Inspectores (formados por equipos interdisciplinarios de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) para la identificación de los casos que se llevan a conciliación o a resolución restaurativa.
El rol del juez
El titular del Juzgado Nacional de Menores n.° 5, Dr. Gonzalo Oliver Tezanos, destacó el aporte que brindan al juez los informes de los equipos interdisciplinarios “que permiten comprender en qué casos se pueden aplicar este tipo de prácticas”.
Coincidió con el resto de los oradores en que el beneficio de utilizar estos métodos radica en que “el joven logra comprender las razones por las cuales está en un proceso penal y ponerse en el lugar del otro (la víctima), al tiempo que favorece la desjudicialización y se reducen los costos del proceso”. Pero hay un elemento que es fundamental para trabajar en esta línea: “que todos los operadores de justicia deben estar de acuerdo”, sostuvo.
La secretaria del Juzgado n.° 5, Dra. Mariana Rabecoff, explicó el rol activo que asume el/la imputado/a al resolver el caso con un mecanismo restaurativo. Aclaró que su selección debe ser rigurosa ya que no en todos los expedientes se puede llevarse a cabo una conciliación y que la aceptación de la víctima es un factor clave para avanzar en esta línea.
“La función educativa de la justicia restaurativa pasa por reconocer el delito, responsabilizarse y repararlo”, dijo.
Prosecretaría de Intervenciones Sociojurídicas
La Dra. Silvia Fernández destacó la necesidad de realizar abordajes interdisciplinarios ya que brindan un sentido socio educador y permiten la integración social.
Puso a disposición de los tribunales y los ministerios Público Fiscal y de la Defensa el servicio del Cuerpo de Delegados Inspectores para alejar a los jóvenes del delito, acompañándolos y evaluándolos. El Cuerpo está conformado por 66 profesionales de diferentes disciplinas (psicología y trabajo social, entre otras)
Por su parte, la delegada Teresa Saravia relató el largo proceso de implementación de medidas alternativas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal.
A su turno, la licenciada Graciela Alberti explicó que los/as candidatos/as para participar del programa son elegidos por la persona que coordina los casos, los equipos interdisciplinarios y la/el abogada/o multipropósito y deben responder a tres variables: jóvenes menores de 18 años, cuyo delito sea el primero y de poca gravedad. Relató todo el proceso de selección de casos con los defensores y fiscales para que llevar finalmente a la homologación judicial del acuerdo.
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