El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 10 resolvió, en lo que aquí interesa, procesar a Adrián González Fisher en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de participe necesario.
Dicha decisión fue apelada por la defensa del nombrado y confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que modificó la calificación legal por la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la misma modalidad de intervención (art. 265 del Código Penal).
A su turno, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de su especialidad.
Contra dicho pronunciamiento su defensa interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los Ministros Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, desestimó al considerar que aquel no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14, ley 48).