El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, encabezó el encuentro de la Comisión de Menores celebrado el 23 de marzo. Allí, con integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, juzgados y tribunales orales de menores, fiscalías y defensorías, acordaron la elaboración de una agenda de trabajo común para el abordaje integral y psicosocial de niños, niñas y adolescentes, con especial consideración de aquellos en estado de extrema vulnerabilidad. 

De la reunión de trabajo participaron los jueces María Rosa Cassara, David Perelmuter y Jorge Ariel María Apolo (Tribunal Oral de Menores N° 1); Fernando Eugenio Pisano, Diego Leonel Freedman y Alejandra Quinteiro (Tribunal Oral de Menores N° 2); Julio Marcelo Lucini, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; Cristian Axel Von Leers (Juzgado de Menores N° 1); Julia Marano Sanchis (Juzgado de Menores N° 3); Alejandro Cilleruelo (Juzgado de Menores N° 4); Gonzalo Matías Oliver de Tezanos (Juzgado de Menores N° 5), y Carlos Federico Cociancich (Juzgado de Menores N° 6).

Los magistrados plantearon las dificultades que enfrentan para dar respuesta a la problemática de los menores en conflicto con la ley penal, y se destacó la necesidad de impulsar políticas públicas con una mirada focalizada en los tratamientos eficientes y en los mecanismos de seguimiento y control, entre otras cuestiones. 

Rosenkrantz, por su parte, señaló que se debe crear una agenda de trabajo anual que identifique las problemáticas que requieren un abordaje multifacético y los interlocutores de distintos poderes del Estado que deben ser convocados para obtener los resultados esperados. 

En esta oportunidad, se invitó a participar a Silvana Greco, coordinadora del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio Público de la Defensa; Damián Muñoz y Gustavo Fernández, defensores públicos; Juan Antonio Tobías y Susana Pernas, del Ministerio Público Fiscal; y Silvia Fernández, prosecretaria de Intervenciones Socio Jurídicas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.