El juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6, ordenó como medida cautelar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abstenerse de cobrar una deuda impositiva originada entre los años 2001 y 2003 a un grupo de empresas editoras de diarios y revistas.

Sucede que en el 2001, las editoras -entre las que se encuentran La Nación, Perfil y AGEA (Clarín)- y el Gobierno habían firmado un convenio de competitividad en donde las empresas se comprometían a no aumentar los precios de tapa ni despedir personal a cambio de algunas exenciones impositivas.

A consecuencia de la devaluación y la emergencia económica, los diarios pidieron autorización al entonces ministro de economía, Roberto Lavagna, para subir sus precios, lo que le fue otorgado en el 2002.

Ahora, el Gobierno intentó, mediante la resolución 58/2010 del Ministerio de Economía, cobrar las supuestas deudas impositivas de las empresas, argumentando que las editoriales incumplieron el compromiso de no aumentar los precios.

Con esta resolución, Lavié Pico concedió la medida cautelar y ordenó al Gobierno que no ejecute las supuestas deudas hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.