El Poder Judicial, a través de la Comisión Nacional de Gestión, tomó contacto con una serie de reparticiones oficiales para firmar acuerdos que le permitan acceder a información clave para el desarrollo de juicios.

Se pretende instaurar un sistema similar al que surgió con los convenios celebrados por la Justicia comercial con los registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor, que posibilitan a ese fuero obtener documentación online para conocer en forma inmediata datos patrimoniales de personas involucradas en causas judiciales.

Así, aquella comisión impulsa convenios con AYSA, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Banco de la Nación Argentina e Inspección General de Justicia (IGJ).

El más avanzado es el caso de la empresa estatal que presta el servicio de agua potable (AYSA), pues el 10 de febrero próximo comenzará una experiencia piloto de acceso a información y se estima que a partir de marzo se sume el resto de los organismos mencionados.

El envío de información en forma electrónica que se pretende alcanzar reducirá los plazos de duración de juicios y bajará costos, al suprimir la utilización del papel y el envío de correspondencia.

Inmuebles y automotores

El convenio celebrado por la Cámara Comercial con los registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de Automotores nacionales habilita a acceder a la información en forma electrónica sólo a ese fuero. Sin embargo, se proyecta la ampliación a los demás, una vez que finalice la prueba que llevan a cabo los jueces mercantiles.

Esos acuerdos les permiten a los magistrados conocer de modo inmediato los actuales activos de una persona y, en algunos casos, hasta el patrimonio histórico, datos clave en los procesos concursales.

El caso de inmuebles y automotores surgió por un convenio instado por aquella cámara con ambos registros (suscripto por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández) y que le dio al fuero un contacto directo con ambas reparticiones.

Esa comunicación, que en principio no sustituye a los certificados de dominio por no estar implementada la firma digital, sirve para la investigación de patrimonios y se trata de información específica sobre el estado dominial de una persona (identificada ésta por nombre, DNI, CUIT o CUIL o por dirección o patente, según sea el caso de un inmueble o automotor, respectivamente), lo que le permite a la Justicia conocer los activos, incluso la información histórica, esencial para detectar casos de vaciamiento patrimonial.