El presidente de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, dispuso que los jueces Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide continúen al frente de sus respectivas causas en las que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios y reintegros por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) hacia las obras sociales del Sindicato de los Camioneros.
 
El tribunal les recomendó a ambos magistrados “que observen la debida colaboración o en su defecto provean a la utilización de los mecanismos que corresponden, actuando con la responsabilidad que la función exige, a efectos de evitar disputas estériles que provocan desgastes jurisdiccionales y demoras en los procesos que perjudican la buena administración de justicia, y en su caso planteen la cuestión de competencia dentro de los cauces legales previstos para el supuesto, de modo que, de ser necesario pueda ser dirimida desde esta instancia”.
 
Bonadio había trabado cuestión de competencia entre su juzgado y el de Oyarbide, para que la Cámara resuelva si corresponde a este último entregarle a aquél la documentación vinculada a la megacausa de los medicamentos adulterados, relacionada con la Obra Social de Choferes de Camioneros de la Capital Federal (Oschoca) y a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas.
 
Cabe recordar que Bonadio le había solicitado a Oyarbide que se inhiba de intervenir en la investigación con relación a esas obras sociales y que le remita toda aquella documentación que guarde relación con la facturación por la venta de medicamentos a esas firmas por parte de la Droguería San Javier SA, también investigada en la causa por los remedios falsos.
 
Oyarbide había rechazado aquella solicitud y, en consecuencia, Bonadio trabó cuestión de competencia para que sea la Cámara la que resuelva el planteo.