La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca definió que debe ser el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, quien debe llevar adelante una investigación por la supuesta difusión de material que “reivindica el terrorismo de Estado” y que habría sido realizada por las organizaciones “Foro de Generales Retirados” y “Centro de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas”.

La denuncia había sido presentada ante la Fiscalía Federal de Santa Rosa por el comandante de la X Brigada Mecanizada, general de brigada Carlos María Marturet.

Allí se denunció la posible comisión del delito de apología del crimen, a partir de la publicación en un diario de aquella ciudad, en donde se indicaba que durante el año 2008 se distribuyó, dentro de la jurisdicción de la provincia de La Pampa, material “realizado por el ‘Foro de Generales Retirados’ y el ‘Centro de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas’, en el cual se reivindicó el terrorismo de estado”.

Según la nota publicada en el diario La Arena, “el documento entregado a oficiales y ex oficiales pampeanos se titula ‘Cuaderno Orientador de posibles preguntas más frecuentes sobre los temas a difundir y sus respuestas sugeridas’ y es una clara reivindicación sobre la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y del Terrorismo de Estado. Una campaña iniciada para contrarrestar los juicios por delitos de lesa humanidad que se están juzgando en los últimos años”.

Y agrega que “el ‘Cuaderno’ está orientado para su difusión ‘entre públicos seleccionados, internos y externos, civiles y militares’ y tiene como fecha el año 2008. Contiene 42 preguntas y las ‘respuestas sugeridas’ para ‘esclarecer’ sobre la ‘lucha contra la subversión’”.

El juez Federal de Santa Rosa Enzo Rodríguez Dieguez planteó su incompetencia en razón del territorio, señalando que el delito se habría cometido al momento de la publicación del supuesto material, presuntamente emitido por agrupaciones que tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante ello, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de la Capital, no aceptó su competencia, en función de que el material se habría difundido en La Pampa.

Llegado el caso a la Cámara, ésta consideró “prematura” la declaración de incompetencia del magistrado Rodríguez Dieguez, “en tanto no se encuentran reunidos en autos elementos de convicción que permitan suponer que los hechos han ocurrido en Buenos Aires (no se encuentra acreditada la veracidad de la documentación, ni de las personas que emitieron el material distribuido en el ámbito señalado por la noticia periodística)”, y dispuso que continúe entendiendo en la causa el Juzgado Federal de Santa Rosa.