El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, rechazó un pedido del Estado nacional para ser parte querellante en la causa en la que se acusa por violación de domicilio y hurto a Roberto Larosa, el asesor legislativo investigado por haber ingresado sin autorización en un despacho del Palacio de Hacienda.

Al respecto, el magistrado señaló que el Ministerio de Economía, a través de sus apoderados, “no puede en la actualidad considerarse particularmente ofendido puesto que de antemano conocía las actividades ilícitas que Roberto Larosa desarrollaba en el interior del Palacio de Hacienda”.
 
“En este sentido y pese a que dicha circunstancia había sido visualizada mediante las cámaras de seguridad del edificio, y puesta en conocimiento de los funcionarios a cargo de las oficinas en las que ingresó Larosa, así como también de  las autoridades administrativas a cargo de la seguridad del edificio, ningún funcionario decidió realizar la correspondiente denuncia penal, limitándose a dar intervención al personal policial una vez hallado Larosa oculto en el interior de una de las oficinas de dicha repartición”, indicó.
 
De esta manera, aseguró, “se evidencia una total desidia por parte de las autoridades del Ministerio mencionado en esclarecer los hechos materia de esta investigación, dado que desde que se registró el primer ingreso de Larosa al Ministerio hasta su efectiva detención transcurrió un período durante el cual, de haberse formalizado la denuncia, la justicia hubiera podido mediante tareas de inteligencia con medios fílmicos, con cruces telefónicos, seguimientos, etc. dilucidar todas las aristas de la maniobra investigada en autos”.

Agregó que debe destacarse “la manifiesta inoperancia con la que actuaron los responsables del Ministerio de Economía, quienes realizaron la denuncia de la perpetración del delito en forma tardía, permitiendo que el imputado eludiese durante un período considerable a quienes debían investigarlo cuasi violando el deber de actuar como funcionarios públicos, por lo que, en modo alguno, puede ahora dicha cartera considerarse particularmente agraviada por el delito investigado en autos”.
 
“Ello, sumado a la impericia con la que actuó el personal que realizó el seguimiento de Roberto Antonio Larosa y las falencias registradas respecto a las medidas de seguridad del edificio, las cuales no hacen más que evidenciar un total desinterés en resguardar algo tan trascendental como es el Patrimonio de la Nación”, añadió.
 
Según Bonadio, “teniendo en cuenta la inacción con que dicho organismo actuó pese a la índole y trascendencia de los sucesos y la relevancia del interés público comprometido en el caso, resulta pertinente que el Ministerio de Economía no asuma el carácter de parte en la presente investigación”.