El doctor Osvaldo Grossman, Subsecretario de Relaciones con la Justicia del Gobierno Nacional, visitó al presidente de la Corte Provincial, doctor Carlos Rubín, para expresar su interés en la iniciativa de instalar Juzgados de Paz Barriales en la provincia. El funcionario nacional estuvo acompañado por el Viceintendente de la Capital, doctor José Ernesto Meixner.

Este proyecto responde a los lineamientos nacionales de facilitar a la ciudadanía acceso a la justicia y contempla la instalación de juzgados de paz en barrios de la capital y del interior de la provincia, con el objetivo de que se reduzca el número de causas por menor cuantía que ingresan a los Juzgados de primera instancia.

Las nuevas dependencias atenderán conflictos vecinales y algunos de carácter doméstico. La iniciativa va ganando adhesiones e incluso se analiza dotarlos de psicólogos y asistentes sociales, por lo que se  iniciaron contactos con autoridades universitarias para que estudiantes avanzados puedan -a través de convenios- cumplir con esas funciones.

Los Juzgados de Paz Barriales cuentan con el apoyo y acompañamiento del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. De hecho, el primero –a través del Instituto de Vivienda de Corrientes- donó al Poder Judicial un inmueble en el barrio Doctor Nicolini donde se construiría el primer Juzgado.

Facilitadores Judiciales

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se mostró satisfecha también con la idea de instalar estos Juzgados en la provincia. De hecho, en la reunión que mantuvieran en el mes de junio pasado el ministro de la Corte de Justicia de la República del Paraguay, doctor Miguel Oscar Bajac, y el doctor Carlos Rubín, en el marco de un seminario, el magistrado del vecino país  expuso las ventajas de impulsar una red de facilitadores judiciales en la región NEA.

Estos se encargan de realizar trámites encargados por la autoridad judicial y remiten casos, divulgan información cívico-jurídica, asesoran y acompañan a los afectados y en un término de 5 años, en los tres países adheridos a la red (Paraguay, Nicaragua y Panamá), se brindaron más de 80 mil servicios de estas características.

El facilitador –en esa red- es elegido por su comunidad rural para ayudar a resolver conflictos sociales en zonas con escaso acceso a la justicia ordinaria.

El proyecto del Superior Tribunal de Justicia se encuentra en un avanzado estado, aunque restan todavía algunas cuestiones como el encuadre legal que permita el funcionamiento de estas dependencias.