El juez Walter Bento, titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, imputó a los camaristas federales de esa ciudad Luis Miret y Otilio Romano por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

A Miret se le atribuye la presunta comisión del delito previsto en el artículo 274 del Código Penal, en concurso real por haber, en principio, dada la función que desempeñaba la momento de tomar conocimientos de los hechos, faltando a la obligación de su cargo de juez federal, dejado de promover la investigación de presuntas desapariciones (con relación a siete personas), presuntas privaciones ilegítimas de la libertad (15 casos), presuntas torturas (seis casos) y presuntos robos (tres casos).

En tanto, a Romano se le atribuyen la presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que tomaba conocimiento durante su desempeño como fiscal federal en los hechos que habrían cometido miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1975 y 1983, en calidad de partícipe secundario, facilitando de tal modo la impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad del mismo, prima facie calificados como presunta infracción al art. 144 bis, inc. 1°, con el agravante establecido en el último párrafo de esta norma del Código Penal, y presunta infracción al art. 144 ter, inc. 2° del Código Penal, todo en concurso real (en 112 hechos en 94 casos).

También fueron imputados los ex jueces federales Guillermo Petra Racabarren, Gabriel Fernando Guzzo y Rolando Evaristo Carrizo.

Bento dispuso el siguiente cronograma de indagatorias:

Romano: será indagado el 26 de agosto, a las 9
Miret: el 27 de agosto, a las 9
Petra Recabarren: el 31 de agosto, a las 9
Carrizo: el 1° de septiembre, a las 9
En el caso de Guzzo, resta la resolución de un planteo por “inimputabilidad”