El juez federal Claudio Bonadio debería resolver en los próximos días el pedido de detención del ciudadano chileno país Galvarino Apablaza Guerra formulado por el gobierno de ese país tras el fallo de la Corte Suprema autorizando su extradición. 

El Máximo Tribunal autorizó el último martes la extradición de Apablaza Guerra, que había sido solicitada por el Gobierno de Chile para juzgarlo por un atentado cometido en el año 1991. Sin embargo, la decisión final sobre su situación está en manos del Poder Ejecutivo que debe definir si le otorga o no el carácter de refugiado.

En la resolución, el Máximo Tribunal señaló la salvedad de lo dispuesto en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (Ley 26.165), en cuanto establece en su artículo 7º que “ningún refugiado… podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.