El texto del comunicado:

Comunicado 069/2010

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, una vez más, reclama a las autoridades públicas el acatamiento inmediato del fallo de la Corte dictado en el caso “Sosa, Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz”. El carácter de cosa juzgada de esa decisión no da lugar a discusión alguna que pretenda exhibir una diferente apreciación con lo resuelto por el más Alto Tribunal de la Nación.

En dicho expediente la provincia de Santa Cruz ha exteriorizado la voluntad de acatamiento de la sentencia por intermedio de una presentación del Sr. Fiscal de Estado que acompañó copia del  Decreto Provincial Nro. 3026/09 a través del cual el gobernador de la provincia requirió la intervención de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz a los fines de poder dar cumplimiento a la manda judicial.

La intención de cumplir con el fallo por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial surge expresa y evidente del texto de los considerandos del referido decreto, en la medida que declara que:  “…es voluntad del Poder Ejecutivo Provincial acatar el Fallo en cuestión sin violentar el Derecho Público Provincial como asimismo los derechos y garantías que le asisten al Funcionario judicial que actualmente se desempeña como Agente Fiscal, por lo que se advierte como único camino…requerir la intervención de la Honorable Cámara de Diputados a los fines de que se disponga el desdoblamiento del Cargo de Agente Fiscal previsto en el art. 2º inciso a) de la Ley 1…con asignación de competencias por materia”.

Por otro lado, la decisión de intervenir en el conflicto, adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en su composición anterior), fue consentida por la provincia demandada, lo que aleja toda sospecha de afectación al sistema federal o al respeto de la división de poderes que constituyen la estructura básica del sistema republicano y democrático de gobierno y que exigen de las autoridades políticas el cumplimiento a las órdenes emanadas del Poder Judicial, al margen de toda intencionalidad política. Lidia B. Soto, Vicepresidente 1°

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010