Alcanzar una solución rápida y efectiva no implica, necesariamente, el inicio de un proceso en los tribunales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la Comisión de Acceso a Justicia para promover e incentivar el acceso a justicia, entendida ésta como la búsqueda de la solución más adecuada para la resolución de un conflicto.

El objetivo de la comisión es disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de Justicia a través de la implementación de métodos alternativos de resolución de controversias.

La comisión, que preside la vicepresidenta del máximo tribunal, doctora Elena Highton de Nolasco, surgió como consecuencia del Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial elaborado para la II Conferencia Nacional de Jueces, realizada en la ciudad de Salta en septiembre de 2007, y de las conclusiones arribadas por los magistrados que allí participaron.

Casas de Justicia, Oficinas de Atención a la Víctima, Oficinas Multipuertas y Oficinas de Violencia Doméstica son algunas de las vías de acceso que desde el Poder Judicial se ofrecen al ciudadano de manera gratuita, para brindar asesoramiento y orientación acerca de la manera más adecuada de resolver sus conflictos.

Jueces nacionales, federales y provinciales de todo el país integran el grupo de trabajo que, en esta primera etapa, se encuentra abocado al diseño de un mapa de situación que permitirá conocer los diversos sistemas o métodos de acceso a justicia que poseen las distintas jurisdicciones. A partir de esta labor, se podrá procesar, analizar y difundir la información relevada en los distintos niveles: local, regional y nacional.

Su tarea además, está destinada a realizar el seguimiento y la actualización de los programas, ofrecer asesoramiento sobre el perfeccionamiento de los métodos de resolución alternativa de conflictos, incentivar su creación e implementación en las jurisdicciones donde todavía no existen y profundizar su inserción en las diversas comunidades.

La acordada 37/2007, que dio origen a la Comisión, destaca que “acceso a justicia no implica acceso a un sentencia, implica acceso a una resolución del conflicto en forma rápida y poco costosa, no sólo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías. Una política de justicia debe brindar a los ciudadanos la posibilidad de protección de sus propios derechos, pero no necesariamente a través de la vía jurisdiccional. En otros términos, es necesario tender a diseñar y alentar una protección accesible, plural y heterogénea”.

“Los jueces deben asumir y cumplir un rol protagónico en la promoción del acceso a justicia, fomentando a través del propio Poder Judicial la posibilidad de que todas las personas por igual accedan al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos”, expresa la acordada.

La comisión está integrada por jueces propuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.