La jueza María Laura Garrigós de Rébori, integrante del Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal que el martes condenó a dieciséis imputados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en Atlético, Banco y Olimpo aseguró que la realización de los juicios de lesa humanidad “es lo que la sociedad le está pidiendo al Poder Judicial que haga. Estos juicios tienen que llegar a su fin. A nosotros los jueces nos toca cumplir esa tarea”.

Sobre el desarrollo del debate, la magistrada afirmó que “fue un juicio difícil para todos. Fueron audiencias duras y fue difícil mantener nuestro oficio, sin involucrarnos. Tratamos de mantenernos siempre dentro de la tarea jurídica, y no hacer otro tipo de análisis emotivo. La mirada jurídica nos ha permitido mantenernos enteros hasta el final”

En esa línea, el juez Jorge Alberto Tassara, presidente del tribunal, dijo que “hubo testimonios muy difíciles. En algunos casos, madres de desaparecidos de mucha edad que realmente sentían el impacto de tener cerca a quienes supuestamente eran los autores de estos hechos”.

En relación con la sentencia, que condenó a prisión perpetua a doce acusados y a 25 años de prisión a cuatro imputados, el magistrado aseguró: “Hemos hecho un análisis muy detallado de todo lo que ha sido la prueba rendida. Se hizo una selección muy prolija y hemos llegado a un resultado que obviamente no va a dejar contento a todo el mundo, pero que es lo que consideramos justo”.

En tanto, Garrigós de Rébori destacó el uso del sistema de videoconferencia impulsado por la Corte Suprema para facilitar la realización de juicios orales: “Esta posibilidad nos permitió, pese a la enfermedad de los imputados, continuar con las audiencias. Facilitó también la posibilidad de que declararan testigos importantes desde el exterior que no estaban dispuestos a viajar”.

Asimismo, remarcó también que El convenio que firmó la Corte con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para filmar las audiencias “nos permitió volver a ver todo, porque solo nuestro recuerdo no hubiera alcanzado para registrar trece meses de audiencias. Se necesita constancia, y hacerlo por escrito hubiera sido el triple de trabajo. Es la primera vez que un juicio se registra en digitalmente y no por escrito”.