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    17 y 19 de junio: Concluyó la reunión de jueces de Iberoamérica

    Discutieron sobre las diferentes realidades en la región, incluyendo el abordaje de las problemáticas relativas a la prisión preventiva, la reinserción social y la privación de la libertad en el caso de personas con trastornos mentales
     
      Informe de Prensa Nº 77  Buenos Aires, 25 de junio de 2008
    En el marco del seminario sobre “Las garantías constitucionales de los grupos vulnerables. Las personas privadas de libertad”, realizado entre el 17 y el 19 de junio en la Sala de Audiencias de la planta baja del Palacio de Tribunales, magistrados de Iberoamérica expusieron la situación legal imperante en cada país en lo relativo a prisión e internación de menores de edad, prisión preventiva y su reinserción social.
     
    Estuvieron presentes representantes de Chile, Uruguay, Guatemala, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Venezuela y Argentina.El encuentro fue organizado por el Tribunal junto a EUROsociAL, una iniciativa de cooperación técnica de la Comisión Europea.
     
    Participaron del encuentro como moderadores la vicepresidenta de la Corte Suprema, doctora Elena Highton de Nolasco, y la ministra del máximo tribunal doctora Carmen Argibay.
     
    En tanto, el presidente de la Corte, doctor Ricardo Lorenzetti, en su ponencia sobre el “Derecho a la libertad” dijo: “Uno de los grandes temas que enfrenta el derecho a la libertad es superar el estado declarativo. De nada vale tener un derecho en una ley o en una Constitución si no hay un goce efectivo del mismo.”
     
    Agregó que, para lograr eficacia, esos derechos “dependen de una infraestructura de implementación y es ahí donde tienen gran utilidad las sentencias atípicas dirigidas a otros poderes”.
     
    Reivindicó en ese sentido las sentencias emitidas por la Corte Suprema que ordenaron a otros poderes (ejecutivos y legislativos) acciones concretas destinadas a mejorar condiciones de detención (caso Gallardo) o generar reformas en legislaciones procesales (caso Verbitsky).
     
    Red Iberoamericana
     
    En el marco del seminario se creó una red iberoamericanapara facilitar el intercambio de experiencias jurídicas en la región, cuya conformación fue celebrada por la doctora Highton de Nolasco, ya que “facilitará el fluido contacto entre los tribunales constitucionales”.
     
    “Este intercambio permitirá favorecer la independencia judicial, la institucionalidad y bregar por los derechos humanos”, sostuvo Highton.
     
    La ministra Argibay también valoró la iniciativa. Afirmó que no sólo permitirá compartir el diagnóstico de las problemáticas existentes sino también servirá para encontrar soluciones que podrán ser recogidas y adaptadas a la realidad de cada país.
     
    Expusieron en el seminario los doctores César Landa, presidente del Tribunal Constitucional del Perú; Juan Antonio Lascuraín, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y letrado del Tribunal Constitucional español; María Joao Antunes, magistrada del Tribunal Constitucional de Portugal; Luís Fernando Solano, ex presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Miguel Ángel Montañés Pardo, vicesecretario general del Tribunal Constitucional de España, entre otros participantes. 
     
    El encuentro fue financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, la Fundación Alemana para la Cooperación Jurídica Internacional, el Ministerio de Justicia de la República Francesa y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. 
     
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