El juez federal Norberto Oyarbide dispuso este martes el procesamiento sin prisión preventiva de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en una investigación por asignación irregular de fondos a obras sociales. Además, ordendó un embargo por 500.000 pesos sobre los bienes del ex funcionario.

A Capaccioli se lo acusa "de haber intervenido en su carácter de Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó, con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7".

"Tal acto administrativo resolvió distribuir a favor de cincuenta y dos (52) Obras Sociales la suma de $ 47.744.950 (cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novencientos cincuenta pesos) para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades", agrega la resolución.

Señala que "el dictado de tal resolución se encontraría viciado y afectaría a la Administración Pública, en orden a que no existe exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud, ni existe fundamento alguno que de cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en particular".

También indica que se "apreciarían vicios en lo que respecta a la validez misma de la resolución en cuestión, habida cuenta que la reglamentación que rige a la Superintendencia de Servicios de Salud no prevé entre las funciones de dicho organismo la disposición de fondos para ser aplicados a programas preventivos de salud".

Por otra parte, agrega, se le imputó el haber utilizado en el período comprendido entre junio de 2006 a octubre de 2008 fondos de las arcas públicas con un destino diferente al previsto en la reglamentación, y la realización de gastos que fueron afrontados con los fondos existentes en la caja chica de la Superintendencia y que se hayan fuera de las previsiones del "Reglamento para el Funcionamiento de las Cajas Chicas", como ser la existencia de gastos en ropa personal y la adquisición de otros objetos.

Además, Oyarbide procesó sin prisión preventiva a Osvaldo Oscar Cochlar, ex gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud;  Fernando José Scopinaro, ex subgerente de Gestión Estratégica, y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos.