En el marco de la jornada sobre “Derechos humanos y justicia penal en América Latina”, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Juan Carlos Maqueda sostuvo que  la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos, a partir de la reforma constitucional de 1994, ha generado un “cambio de paradigma en la política criminal del Estado, que implica la imposibilidad de sobrepasar determinados límites y  la obligación de tomar acciones positivas para adecuarse a los estándares internacionales” en la materia.
 
Maqueda señaló que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado la importancia de la jurisprudencia de los organismos de protección de los derechos humanos, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus decisiones jurisdiccionales, como a través de sus opiniones consultivas en numerosos precedentes en todas las materias”.

El juez de la Corte puntualizó que,  en el ámbito penal,  el Tribunal “ha considerado la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuestiones tales como las condiciones carcelarias mínimas aceptables (caso Verbitsky); el control judicial de ejecución de la pena (caso Romero Cacharane); los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal (caso Maldonado y García Méndez); el alcance de la garantía de imparcialidad (caso Fraticelli y Dieser); la defensa en juicio (caso Benítez); el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; precisiones sobre el concepto de peligrosidad (caso Gramajo); la intromisión arbitraria y abusiva de los órganos estatales en investigaciones penales en desmedro de la intimidad de las personas (caso Halabi) y, fundamentalmente, en todo lo vinculado a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos en delitos considerados de lesa humanidad (casos Hagelin, Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo, entre otros)”.

El ministro Maqueda dijo que “debemos seguir por este camino con el fin de optimizar cuestiones esenciales, tales como el respeto del plazo razonable de los juicios penales, las condiciones de detención y de ejecución de la pena de prisión, entre otros puntos que hacen a un estado de derecho cuyo fin esencial es el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

A su turno, el doctor Luís Francisco Lozano, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre el universo normativo actual,  integrado por los tratados internacionales y las relaciones supranacionales. Hoy, explicó, los jueces nacionales de cualquier instancia pueden y deben consultar al tribunal de Estrasburgo, a la Corte de la Unión Europea y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Estas relaciones (como las relaciones de pareja) tienen momentos tormentosos (caso Bulacio) y de reconciliación (caso Giroldi/ Casal)”, destacó.

Lozano señaló  que “el tribunal internacional con asiento en Costa Rica está generando un movimiento muy fuerte, principalmente en la cultura jurídica, la que se está extendiendo a la cultura general de la sociedad. Tenemos que analizar la experiencia del pasado y tratar de desarrollar las mejores condiciones para que estas relaciones supranacionales y nacionales sean fructíferas”.

El doctor Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD), se refirió al próximo Congreso  de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal proyectado para 2010 en la ciudad de Bahía, Brasil. En mayo próximo,  se realizará la reunión regional preparatoria de dicho congreso en Costa Rica (para mayor información ver la página www.nacionesunidas.or.cr). Invitó a todos los interesados a involucrase y participar de estos encuentros.

Carranza recordó, además,  que uno de los instrumentos de política criminal que ha tenido influencia en todo el mundo surgió del primer congreso quinquenal de las Naciones Unidas, realizado en Ginebra en 1955, donde se aprobaron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Por su parte, el doctor Sergio García Ramírez, ex juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habló sobre las garantías penales sustantivas, procesales y ejecutivas, conforme a la jurisprudencia del tribunal internacional. 

García Ramírez comparó la “vigencia efectiva y el ejercicio de los derechos humanos con la navegación”. Es diferente, expresó, según se analice “la universal, la europea, la americana y las existentes en diversas naciones o regiones”.

“Existe un espacio judicial latinoamericano. Es desigual la adhesión al sistema en lo que llamamos las Américas. Echamos de menos la presencia de EE.UU. y Canadá”, lamentó el especialista. 

García Ramírez hizo hincapié en la necesidad de favorecer la constitución de puentes políticos y culturales que acerquen el derecho internacional sobre derechos humanos a los estados. Para ello, postuló, se necesitan puentes jurisdiccionales (a fin de aplicar las normas internacionales) y “el puente de la política” para crear políticas públicas sobre este tema. También se requiere un puente cultural que permita difundir los derechos humanos a través de los diferentes grupos sociales  y que  haga irreversible el camino andado y las conquistas alcanzadas, señaló.

También advirtió que el “auge de la criminalidad tradicional ha puesto a la sociedad en estado de alarma. El debilitamiento de los sistemas no punitivos de control social, el debilitamiento de algunas instituciones y el avance de la corrupción, han engendrado una situación de desesperación. Para el profesional, esta realidad ha generado un cambio del ideal garantista y nos ha llevado a la guantanamización del proceso penal y la naturalización de un derecho penal del enemigo”.

La Corte Interamericana –continuó García Ramírez - se ha pronunciado en contra de la tipificación de conductas para hacerlas punibles; ha puesto el acento en los aspectos restrictivos de la pena de muerte; se ha pronunciado a favor de que la prisión preventiva sea aplicada con cautela y moderación y ha ampliado los derechos del debido proceso, cuya violación ha sido tema de numerosas sentencias.

Reforma del proceso penal
El doctor Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia de Costa Rica y ex Fiscal General de esa República, se refirió a la reforma del proceso penal en América Latina introducida a partir de la década del 90.

En este sentido, dijo que antes de esa fecha, existía una gran deuda constitucional, ya que imperaba una tradición inquisitorial, acompañada por un modelo autoritario de enjuiciamiento. Esta situación se revirtió con la implementación de un código penal procesal tipo para Iberoamérica, en el cual el juez adquiere un nuevo protagonismo, se rescatan garantías básicas del debido proceso y se da prioridad a la celeridad de las causas. Cruz advirtió asimismo que se apostó a la implementación de fórmulas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación y el proceso a prueba.

Si bien los progresos han sido sustanciales, reconoció que quedan ítems por superar, como el fortalecimiento del ente acusador (fiscal) y lo que denominó la adicción al papel. Otro tema que, según reconoció, resulta difícil de afrontar para el sistema penal es la persecución de los delitos por abuso de poder.

Un nuevo modelo: el Estado Penal
Para el doctor Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente al actual momento, caracterizado por la globalización y la violenta crisis financiera, es indispensable “reforzar el sistema interamericano de derechos humanos”. “Y sería deseable –dijo- que el presidente  (de Estados Unidos, Barak) Obama ratifique la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

El ministro sostuvo que ante el nuevo panorama social se abren inéditas situaciones conflictivas, que son tamizadas por nuevos tráficos e ilícitos. “Hemos pasado del Estado de bienestar a otro modelo, el Estado Penal, que necesita construir nuevos enemigos”. A partir de 2001, el enemigo era el terrorismo. Hoy, en nuestra región, el enemigo es el delincuente común, sostuvo.

Zaffaroni criticó el papel de los medios de comunicación masiva que “distraen a la sociedad” construyendo una realidad donde, al parecer, el único riesgo al que está expuesta la población es la delincuencia común.  “Algunos denominan terrorismo mediático al discurso único de los medios” ya que, expresó el ministro, genera un nuevo autoritarismo, construido no sobre un discurso ideológico (como lo hacían el nazismo o el fascismo), sino a través de la publicidad, lo que impide cualquier tipo de respuesta.

El discurso único de los medios también actúa como un control de la fuerza política, aseguró, ya que, con el supuesto del posible enemigo, se presiona para conseguir la sanción de determinadas leyes. Y “el que no se prende en ese discurso, es derrocado (en las urnas)”. Señaló como peligros derivados de esta situación, la intención política de autonomizaciones policiales, las leyes penales que se han convertido en “una colección de mensajes viejos. Nos estamos quedando en América Latina sin códigos penales”, advirtió. “Nunca hemos pasado un momento tan catastrófico como éste. Ya no hay códigos”, enfatizó.

 Zaffaroni criticó con dureza las leyes sobre “el supuesto arrepentido” y el “agente encubierto”, las que definió como “basura moral”, ya que en este último caso, por ejemplo, “el juez debe enviar a un agente a delinquir para hacer justicia”.  El juicio abreviado también fue objeto de críticas: “Vamos camino a no tener proceso penal, a funcionar de una manera extorsiva”, sostuvo.

Por todo lo analizado, el magistrado dijo que “estamos a contramano de las necesidades que nos impone el momento. Es tarea fundamental reforzar y apuntalar el sistema procesal de derechos humanos”.

Al cerrar la jornada, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresó que “el movimiento de derechos humanos comenzó en las calles y se trasladó a las leyes, a los parlamentos y a las constituciones” . Esa es la razón por la cual el Tribunal resolvió realizar esta jornada, dijo..

Lorenzetti manifestó que la sociedad está parada frente a un nuevo escenario con nuevos desafíos. “En tiempos de crisis –dijo- se vuelven a plantear problemas que creíamos ya superados”, en relación con el autoritarismo, la exclusión y las soluciones extremas.

“Tolerancia, cooperación y activismo judicial son las ideas que deseamos queden como conclusión de esta reunión”, finalizó el presidente del Alto Tribunal.

Informe de Prensa Nº                                   Buenos Aires, 5 de marzo de 2009