El inmueble donde se asienta dicha área, pertenece al patrimonio de Casey Douglas Robert, por lo que la resolución judicial le fue informada además de notificarse a la Dirección del Museo de Antropología de Salta y a las autoridades de aplicación de la Agencia de Areas Protegidas de Salta.

La acción de amparo fue promovida por el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, quien solicitó en ese marco la medida cautelar de no innovar que restrinja provisionalmente toda actividad que pudiera causar daños en el yacimiento arqueológico, especialmente el ingreso de visitantes o el movimiento de tierras.

Al resolver, el Juez sostuvo que no accionar contra el deterioro del patrimonio, conllevaría la pérdida o menoscabo definitivo de objetos arqueológicos y agregó que “los jueces deben asumir un papel activo en la tarea de reconocer derechos verosímiles, coom en este supuesto, la defensa del acervo arqueológico y artístico comunitario, atento a su expresa mención constitucional y a que, en defintiva pertenecen a los ciudadanos indeterminadamente”.

Esto hasta tanto se determine con mayor claridad cuál es el valor arqueológico cierto de lo que se pretende conservar y cuáles son las medidas susceptibles de adoptar por parte de la Provincia o el municipio según corresponda.