El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, requirió a la ACUMAR "la implementación de una red de patrullaje y monitoreo permanente a lo largo de toda la extensión de la Cuenca Matanza Riachuelo, y en especial sobre denominado 'camino de sirga', tendiente a evitar la intromisión de nuevas construcciones precarias e informales y que impida fehacientemente el ingreso a esa zona de restricción cualquier tipo de materiales de construcción (chapas, maderas, ladrillos, cemento, etc.), volquetes destinados a la contención de escombros, o cualquier otro elemento que sea contradictorio a la consecución de los objetivos ordenados".

Al respecto, el magistrado "ordenó la realización en forma periódica y espontánea, por personal de este Juzgado, de inspecciones y controles sobre las zonas de mayor conflictividad para verificar el efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado, mediante diversos mecanismos que oportunamente se establecerán, como podrían ser recorridas aéreas o terrestre con toma de muestras fotográficas, entre otros".

Por otro lado, el juez indicó que el titular de la ACUMAR y los representantes de los estados que la integran "deberán dar estricto y acabado cumplimiento a las acciones de concientización y sensibilización ordenadas, integrando las pautas aquí establecidas con las vertidas en las resoluciones de fechas 22-02-11 y 14-07-11".

En esas disposiciones se estableció “lo imperioso que resultaba realizar en todas y cada una de las zonas de conflicto habitacional, un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, y especialmente en aquellos radicados en el denominado ‘camino de sirga’, ya que mal podría aspirarse a que las relocalizaciones previstas se ejecuten sin obstáculos, reticencias o dilaciones sin dar inicio desde entonces con procedimientos de sensibilización y persuasión de la población”.