La Sala II de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo de primera instancia que había hecho lugar a una acción de amparo y ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir el tratamiento terapéutico de un afiliado, que padece una discopatía cervical a raíz del accidente que sufriera a bordo de un colectivo.

En su presentación, expuso que su situación exige la realización de una intervención quirúrgica –dado que es necesario realizar la descompresión mieloradicular cervical más artroplastía discal con disco artificial para evitar artrodesis de cuatro segmentos vertebrales-, la que a su vez requiere de una serie de elementos para procurar un resultado positivo (tales como cambio de placa, cuatro tornillos y prótesis, entre otros). Y agrega que al haberse desplazado la placa, ello le produce una opresión en la médula causando un doloroso adormecimiento de brazo y pierna izquierdos.

El juez de primera instancia había considerado viable el amparo, habida cuenta de la jerarquía del derecho constitucional en juego: el derecho a la salud, tutelado por tratados internacionales con jerarquía constitucional superior a las leyes. Asimismo, puso de resalto que la prepaga estaba obligada a proporcionar la cobertura solicitada y juzgó que su negativa no hallaba legítima justificación ante el derecho constitucional comprometido, por lo que resolvió hacer lugar a la acción.

Según la resolución de la Sala –integrada por los magistrados Santiago Bernardo Kiernan, Alfredo Silverio Gusman y Ricardo Víctor Guarinoni-, “importa señalar, como principio, que cuando están en juego el derecho a la vida o a la salud e integridad física de una persona, las instituciones que integran el sistema nacional de salud (sean obras sociales, entidades de medicina prepaga, asociaciones mutuales de asistencia sanitaria y la propia Nación, en función subsidiaria) deben extremar al máximo los servicios que proporcionan a fin de lograr la recuperación del paciente, incluso más allá de las exigencias del PMOE, toda vez que debe entenderse que éste fija un piso de prestaciones mínimas y no máximas para el aseguramiento de los derechos constitucionales a la vida y a la salud”.

“Porque resultaría una interpretación aberrante que, por no estar prevista determinada prestación en el PMOE, la obra social o las otras entidades mencionadas dejaran al ‘homo patien’ librado a su destino, sin procurarle medios aptos  eficaces -no incluidos en la Res. 201/02 M.S.)- y que podrían ser administrados al paciente asegurándole bien una mejoría en sus dolencias o bien la mitigación de un dolor lacerante y terminal”, agrega.

En tanto, señala que “esta sala juzga que cuando se está en presencia de una violación constitucional manifiesta y el derecho conculcado tiene la jerarquía y proyección del que interesa en autos, el remedio excepcional del amparo luce como el procedimiento más adecuado para poner la situación jurídica en su quicio, sin que se justifique que  –por un mero prurito formal- se obligue al afectado en sus derechos más esenciales a remontar un pleito de conocimiento”.

“Sobre esta base –concluye-, es claro que la falta de respuesta oportuna al requerimiento que en copia luce a fs. 19 de estos autos y lo que resulta de los instrumentos agregados a fs. 25/34 bis. y fs. 63, de donde se extrae que el médico tratante expresó las razones por las que solicitó la intervención quirúrgica en cuestión, y que esa fundamentación no ha sido concretamente objetada por la demandada, y relativamente al estado de salud del amparista y el peligro que deriva de la suspensión de la intervención y tratamiento; permite tener por configurados los extremos que tornan procedente la acción de amparo iniciada.”