La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares por crímenes de lesa humanidad, señalados ambos por integrar la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU).

En el caso se investigan los homicidios de Carlos Antonio Domínguez, Roberto Fiandor, Leonardo Guillermo Miceli, Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, Daniel Hugo Pastorino y Adelaida Ursula Barón.

Según la resolución, firmada por los camaristas Carlos Román Compaired y Julio Víctor Reboredo, “existen razones generadas por la prueba reunida en esta causa -a la cual se ha referido extensamente el señor juez de grado- para pensar que integrantes de uno de estos grupos paraestatales ilegales, posiblemente de la CNU, tuvieron intervención en los delitos investigados, los cuales fueron cometidos de manera planificada y de acuerdo con una política de persecución y eliminación de personas alentada o tolerada por el propio Estado”.

“Cabe destacar que en los tres casos sometidos a la revisión de esta Alzada, los operativos fueron practicados por hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que irrumpieron en las casas de las víctimas o interceptaron sus vehículos con la finalidad de llevarse a las personas previamente individualizadas, quienes a las pocas horas aparecieron muertas en lugares alejados de la ciudad. En los casos de Domínguez y de Fiandor se trató de un ataque conjunto practicado en la misma noche”, aseguró el tribunal.

Asimismo, advirtió, “cabe mencionar la violencia volcada sobre los cuerpos de Domínguez, Miceli, Dinotto y Martini, los cuales fueron hallados con una enorme cantidad de disparos de armas de fuego, especialmente en el caso de Domínguez que presentaba 37 impactos de bala en su cuerpo. Al respecto, resulta pertinente mencionar que otra nota común de este tipo operativos consistía en que los integrantes de los aludidos grupos violentos efectuaban un aniquilamiento colectivo de sus víctimas, en el que la ejecución se hacía disparando todos sus participantes en forma simultánea, y también debe hacerse hincapié en el simulacro de fusilamiento realizado sobre Dinoto, Martini, Pastorino y Barón”.

Otro aspecto común es la actividad gremial o política de sus víctimas, señaló. En efecto, indicó que Domínguez y Fiandor desarrollaban sus funciones gremiales como presidente y vocal, respectivamente, de la Agremiación de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, y surge de la causa que Domínguez había recibido amenazas en los días previos a su muerte. Miceli apareció acribillado a balazos junto a otros compañeros de trabajo -con quienes compartía su actividad gremial- en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Por último, en los casos de las personas que fueron interceptadas en Villa Elisa, consta en la causa que fueron amenazadas, torturadas y sometidas a un interrogatorio sobre sus actividades políticas.

“También se presentan en autos otras características comunes a este tipo de delitos, como son el gran número de hombres que intervienen en ellos, la utilización de varios automóviles y de poderosas armas de fuego, la garantía de impunidad dada por la liberación de zonas para actuar sin interferencia de las fuerzas de seguridad y la escasa actividad judicial”, destacó.