Ante la situación de colapso de sus juzgados, los jueces titulares de los tribunales de Ejecución Fiscal Tributaria de la Capital Federal advirtieron en una nota dirigida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que el déficit de recursos, tanto en materia de personal como de edificios acordes para el desarrollo de la labor judicial, colocaba al fuero en una situación crítica que le impedía continuar con la recepción de demandas de ejecuciones judiciales tributarias iniciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Al ser impuesta sobre esa situación, la Cámara requirió un informe a la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina acerca del estado de los dos pisos ubicados en Defensa 135, de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan los referidos juzgados.

El trabajo elaborado por la Superintendencia de Bomberos señaló, respecto de esos espacios físicos, que se debe evitar “bajo todo concepto seguir aumentando el acopio de expedientes dado el incremento en la carga de fuego que esto significaría, con el consiguiente riesgo que implica para las personas y bienes alojados”.

Describió el documento que “la inadecuada forma de acopio o distribución dentro del inmueble… estaría comprometiendo en forma severa una posible evacuación del edificio, la libre circulación de la totalidad de los medios exigidos de salida”.

Entre otras irregularidades, el informe de Bomberos también subrayó que “el edificio inspeccionado cuenta con un insuficiente sistema de iluminación de emergencia, pasillos reducidos en ancho de paso, escaleras obstruidas, puertas obstruidas o con giro contrario al de evacuación”.

Asimismo, el Tribunal de segunda instancia solicitó la intervención del área de arquitectura del fuero para controlar el avance del proyecto de reubicación de los juzgados por medio de la entrega del edificio de Paraguay 925, cuya construcción es responsabilidad de la Dirección de Infraestructura Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Al respecto, la inspección realizada por la arquitecta Gladys Martínez determinó que el plazo de entrega fijado para el 23 de mayo “sería de imposible cumplimiento”, debido a la “escasa cantidad de obreros afectados a la realización de tareas en el inmueble”.

Ponderó además la Cámara una denuncia recibida de la AFIP, donde plantea la imposibilidad de que se procesen las causas debido a las condiciones imperantes en el edificio de la calle Defensa. Denuncias similares fueron presentadas ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por ello, la Comisión de Abogados en Relación de Dependencia con el Estado se dirigió al Consejo de la Magistratura destacando las “demoras en la atención y tramitación de las causas, la inseguridad de los locales y la falta de sanitarios para el público”.

Ante esa situación, por medio de la Acordada 3/09, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió solicitar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en forma urgente efectúe una inspección al local de Defensa 135 y se pronuncie sobre su habilitación para funcionar en las actuales condiciones.

En esa acordada el Tribunal resolvió que, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias según vayan variando las circunstancias, los Juzgados Federales de Ejecución Fiscal Tributaria no reciban ninguna causa a través del programa Sistema de Radicación de Ejecuciones Fiscales (SIRAEF) a partir del 1º  de Abril de 2009, pero que en cambio ingresen las causas que facilitan los mandatarios de la AFIP, pero suspendiendo su trámite, “quedando las actuaciones reservadas en poder  de los procuradores fiscales –o donde la AFIP lo determine-”.

Si bien la Cámara tiene a su consideración el pedido formulado por la AFIP el 17 de abril próximo pasado, lo cierto es que hasta el momento no se ha modificado la situación que motivó la Acordada 3/09.