En una reunión convocada al efecto, con una amplia convocatoria que abarcó la presencia de los jueces que integran la Comisión y Subcomisión de Ejecución Penal del máximo tribunal penal del país, jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, jueces nacionales de ejecución penal, representantes de la Procuración General de la Nación, de la Defensoría General de la Nación, el Procurador Penitenciario de la Nación, el director del Servicio Penitenciario Federal y una representante del  Centro de Estudio Legales y Sociales C.E.L.S. –que fuera especialmente convocado a participar de la Audiencia Pública- , se dispuso la creación de un Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de las Unidades Carcelarias a nivel nacional.

Desde el comienzo del debate se convino en adoptar la perspectiva del valor de la persona humana como tema fundamental, en que los diferentes actores procuran un acuerdo transformador de la realidad carcelaria, en cumplimiento de los tratados internacionales y demás normas sobre la materia.

El flamante sistema se ocupará de centralizar y coordinar los informes que elaboran los distintos intervinientes como resultado de las visitas carcelarias, a fin de ahorrar esfuerzos y multiplicar resultados. También programará revisiones de las Unidades con un propio Protocolo de Actuación.

Para facilitar el logro de esa finalidad, se conformó también un Comité Ejecutivo que se ocupará de manejar una base de datos especialmente programada, y ya se ha dispuesto una próxima reunión para el 10 de julio.

Por otro lado, la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el Presidente Gustavo M. Hornos  y los jueces Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Raúl R. Madueño, con la actuación de la Prosecretaria de Cámara Lorena A. Fusco, impulsa mejoras en el ámbito de la ejecución de la pena y, con ese objetivo, aprobó un anteproyecto de Acordada de reglas prácticas en la materia, que próximamente elevará a estudio del plenario de esa Cámara.

El punto principal del mismo procura superar la situación de virtual colapso de los juzgados nacionales  de ejecución penal, transfiriendo la competencia que actualmente tienen esos juzgados para el control de las reglas impuestas en la suspensión del proceso a prueba, a los tribunales y juzgados que las conceden. También, dispone que en el ámbito del recurso de casación se aplique un trámite abreviado y oral.